El contrato firmado entre el ente electoral y la firma auditora CGTS establece que se deben auditar los dos sistemas de votación: remoto por internet y electrónico presencial.
La empresa debe fiscalizar el código fuente, es decir, la lista de instrucciones que el sistema debe cumplir para ejecutar una acción y vigilará el “despliegue de los recursos materiales, humanos y tecnológicos” que se vayan a usar en los centros de votación que ha establecido el TSE.
La empresa que proporcionará los equipos es la española Indra, la cual, deberá contar “con un espacio físico” en la zona franca de El Salvador para almacenar los equipos tecnológicos y que, así, sean distribuidos desde el país hacia los centros de votación.
Las máquinas de votación se incluyen como servicios prestados por la empresa, por lo que deberán ser devueltas al concluir el proceso electoral. Los datos de la elección deberán almacenarse en la nube.
El contrato del TSE con la española Indra asciende a $41.1 millones con segunda vuelta presidencial.