“Hoy vengo a decirles, ese debate se acabó, ya no somos la capital mundial de la muerte”, dijo en el 28o periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, cuyo tema central fue el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Bukele hacía referencia al debate o las críticas recibidas ante el hecho ocurrido el 1 de mayo de 2021 cuando la Asamblea Legislativa dominada por su partido destituyó a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que concluían su mandato en 2027 y los sustituyó en la misma sesión plenaria con nombramientos directos de personas cercanas o afines a su gobierno. “Nos criticaron y condenaron por cada una de las decisiones que tomamos en aquel momento”, recordó el funcionario.
“Se enfrascaron en un debate sobre lo que estábamos haciendo. Hoy vengo a decirles, ese debate se acabó, ya no somos la capital mundial de la muerte, hoy somos un referente de seguridad, ahí están los resultados, son irrefutables, en El Salvador hicimos lo correcto para El Salvador”, prosiguió el mandatario.
El presidente explicó que El Salvador adoptó su propia “medicina” y que el “pueblo” le otorgó dos votos de confianza, al elegirlo a él y al darle gobernabilidad con la mayoría legislativa a partir de mayo de 2021. Manifestó que fue en ese momento cuando comenzaron “las condenas internacionales” y “de pronto” les exigían explicaciones” sobre los cambios de fiscal, Sala de lo Constitucional y jueces.
"De pronto nos exigían explicaciones que por qué cambiábamos al fiscal, a los magistrados o los jueces. ¿No les parece absurdo que nos cuestionaran por eso?, ¿de quién es la responsabilidad de mantener una política de seguridad interna en cualquier país del mundo?, es responsabilidad del gobierno, del Órgano Ejecutivo, sí, a través de las fuerzas de seguridad del Estado y del sistema penitenciario pero en cooperación con el Ministerio Público, la Fiscalía, el Órgano Judicial, era una condición indispensable que todos trabajaran articulados y alineados hacia un mismo lado para que el plan funcionara”, expresó Bukele en referencia al plan de seguridad que hoy permite al país según el mandatario dejar de ser "la capital de la muerte".
En septiembre de 2021, luego de que la Sala recién nombrada avalara la reelección presidencial inmediata, la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador emitió una condena y dijo que “este fallo es el resultado directo de la decisión el primer día de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e instalar reemplazos”. Una de las críticas que recibió el cambio de la Sala de lo Constitucional es que los nuevos nombramientos no fueron realizados con base en listados propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
No aceptamos el destino que otros nos habían trazado. Hoy a cuatro años de nuestro gobierno nadie se atreve a negar que por primera vez en nuestros 200 años de historia el país más pequeño del continente ha dado los primeros pasos para lograr su sueño de grandeza. Pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina”.
Nos hicieron firmar unos Acuerdos de Paz falsos. Amparados bajo poderes extranjeros le entregamos el poder a la derecha y luego amparados por agentes externos le dimos el poder a la izquierda, así nos mantuvieron durante 30 años de posguerra donde hubo más muertes que en la guerra civil”.
Todo lo ocurrió durante esos años se hizo con el respaldo, la anuencia y la imposición dentro de quienes siempre se han autodenominado grandes defensores de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática”.
Bukele aplica en El Salvador un régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022, fecha en que concluyó una matanza de 87 personas realizada durante tres días, crímenes atribuidos a un intento de “chantaje” por parte de las pandillas.
Durante la suspensión de derechos relacionados a la defensa, el periodo máximo de detención administrativa de 72 horas y la privacidad de las telecomunicaciones, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) han capturado a más de 72,000 personas señaladas de ser pandilleros y liberado a 7,000 personas supuestamente por falta de pruebas, según cifras oficiales. Organizaciones no gubernamentales como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario registran unas 3,500 denuncias de capturas arbitrarias y maltratos, además de 185 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
Probamos nuestra propia medicina. Creamos nuestro propio método. El pueblo nos dio dos votos de confianza, el primero, cuando me eligieron como su presidente, el segundo fue cuando decidieron darnos, a través de la Asamblea Legislativa, la gobernabilidad”.
Si hubiésemos dejado al mismo fiscal anterior, a los magistrados de la Sala anterior, a los jueces, que incluso emitieron condenas cuando los removimos, seguiríamos siendo la capital mundial de los asesinatos”.
