Al menos 21 salvadoreños han sido repatriados y asistidos cada mes por el gobierno salvadoreño durante los ocho primeros meses de 2024, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE); mientras que, en el período 2022-2023, el promedio mensual fue de 24 personas.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, informó este miércoles durante una entrevista en YSKL que en lo que va de este año han atendido más de 168 a través del Departamento de Gestión Humanitaria de la Dirección de Movilidad Humana y Atención a la Persona Migrante de Cancillería.

Portal mencionó que el reciente caso de los cinco salvadoreños asesinados en Estados Unidos y que fueron repatriados el fin de semana, se suma a los 168 casos que la institución ya había registrado.

La viceministra mencionó que el apoyo económico a las familias asciende a $45,000 entre gastos funerarios, de repatriación y procesos logísticos. Aseguró que la Cancillería tiene contacto con funerarias para gestionar "los precios más accesibles".

"Nosotros tenemos contactos también con las funerarias, no hay exclusividad con ninguna funeraria porque nosotros también velamos para que puedan tener los precios más accesibles".
Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.

Según la memoria de labores de Cancillería, desde junio de 2023 hasta marzo de 2024, habían atendido 569 casos de vulnerabilidad, niñez y repatriaciones con un gasto de $383,513.1 por medio del Proyecto de Asistencia Humanitaria para salvadoreños en el extranjero.

El informe de labores del período junio 2022 a mayo de 2023 indica que en 11 meses solo en repatriaciones se atendieron 274 casos con un gasto de $618,288.28 a través del Fondo de Actividades Especiales para la Atención de Salvadoreños en el Exterior y Personas Retornadas (Fosalex).

Durante 2024, el promedio mensual es de 21 salvadoreños y en el período 2022-2023 fue de 24 salvadoreños, es decir, que los casos atendidos durante este año es menor en comparación con año antepasado.

La funcionaria salvadoreña explicó que no en todos los casos el gobierno pagó todos los gastos funerarios y de repatriación sino que "siempre hay un proceso de estudio socioeconómico" con el cual el gobierno determina la vulnerabilidad financiera de la víctima y de su familia para trabajar "a nivel logístico-local".