“Muchos países tienen a adoptar políticas a menudo regresivas en materia de derechos humanos, es insólito e imperdonable. Mi país rechaza cualquier medida que intente criminalizar la migración”, manifestó la funcionaria salvadoreña. Añadió que existe una “percepción errónea de criminalizar la migración irregular” y sugirió abordar este tema, lo cual calificó de “única prioridad”. Añadió a ello la necesidad de abordar acciones concretas de cooperación.
La funcionaria advirtió la falta de cumplimiento del Pacto Mundial sobre Migración Digna, Segura y Regular, suscrito en 2018.
“A cuatro años de su adopción aun persiste la necesidad de reforzar el compromiso financiero para su implementación”, reclamó.
Mientras,aseguró que muchos se ven obligados a migrar y que no pueden encontrar la forma de hacerlos permanecer: “Miles de niñas, de niños, de mujeres, de hombres, de personas inocentes que no tienen otra opción, se siguen enfrentando a las consecuencias más adversas y nosotros no podemos encontrar el financiamiento para que permanezca, eso no es posible”.
Sin embargo, la funcionaria también sostuvo que El Salvador “ha hecho su parte”. En El Salvador un tercio tiene interés por irse según el Barómetro de las Américas 2021.