“Pero si la gente quiere mejores pensiones, el impacto fiscal es ineludible”, respondió a la pregunta sobre si cree que la reforma tendrá un impacto fiscal en el Estado.
La nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones, que sustituyó a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), aumenta el 30 % el monto de todas las pensiones por vejez, lo que implicaría una lanza diferenciada que dependerá de la magnitud de cada pensión y del sistema en que el jubilado haya cotizado.
Esto ocurre así porque los jubilados del Sistema de Pensión Público (SPP) tienen una pensión basada en un porcentaje de su promedio salarial y que aumenta según los años cotizados; mientras que los jubilados del SAP –quienes ahorran en las Administradoras de Fondos para Pensiones, AFP– reciben una pensión basada en sus ahorros depositados en una cuenta individual que fue disminuida en 2017 para abonar a una cuenta colectiva que le garantizaría su pensión mínima vitalicia.
Un aumento porcentual de pensiones bajo las condiciones del país tiende a ser regresivo. Y eso se paga en parte con los impuestos del 75 % de la población que no tiene ninguna pensión”. Carlos Acevedo, economista y expresidente del BCR
¿Desigual?
¿Cree que el aumento de pensiones del 30 % es equitativo?, se le preguntó a Acevedo, quien respondió que un aumento porcentual de pensiones bajo las condiciones del país “tiene a ser regresivo”. La regresividad es la mayor carga para personas con menos ingresos económicos. Puso un ejemplo: si una persona tiene una pensión de $500 aumentará $150, pero si alguien tiene una pensión de $1,000 le aumentará $300. “Se paga en parte con los impuestos del 75 % de la población que no tiene ninguna pensión”, indicó.Réplica del FOP.
Para el exfuncionario, la reforma de pensiones ha replicado el mecanismo que permitía pagar pensiones del sistema público con ahorros de los cotizantes del sistema privado prestados por el Estado.“Es el mismo esquema pero con cambio de nombre”, afirmó Acevedo, en referencia al nuevo mecanismo que facultará al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) y la compra obligatoria de estos por los Fondos de Pensiones establecida en el artículo 82 para cumplir con dichos fondos con obligaciones previsionales.
El mecanismo anterior que permitía al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) la emisión de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) para que las AFP los adquirieran y el Estado pudiera utilizar estos fondos para pagar las obligaciones previsionales fue derogado.
Este mecanismo permitía que Hacienda realizara la transferencia al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP) para el pago de estas pensiones; en el presupuesto 2022 por ejemplo, se han erogado ya $580 millones para pagar pensiones del sistema público. A junio 2022, un total de $7,458 millones del Fondo de Pensiones han sido invertidos en el FOP. La Ley SAP limita al 45 % la inversión del Fondo en estos instrumentos estatales. Acevedo asegura que ese límite “no se cumplía”, por lo que “no hay mucha diferencia en la práctica”.