El Caucus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos, conformado por el republicano Matt Gaetz desde el 8 de julio, pidió al gobierno de Joe Biden reducir el nivel de advertencia para viajar a territorio salvadoreño, publicó el medio estadounidense Washington Examiner.

La solicitud para reducir la alerta de viaje de nivel 3 actual al nivel 1 fue realizada en una carta firmada por los 13 congresistas dirigidos por los copresidentes del Caucus, el republicano Matt Gaetz y el demócrata Vicente González. "El Salvador es ahora y ha sido desde 2023 el país más seguro del hemisferio occidental, lamentablemente la advertencia de viaje del Departamento de Estado no refleja esta realidad", dice la carta citada por el periódico conservador estadounidense.

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos tiene a El Salvador con un aviso Nivel 3 "Reconsiderar viaje" según un comunicado del 6 de marzo de 2023, en el cual le pide a sus ciudadanos "reconsidere viajar a El Salvador debido al crimen".

En este mensaje, el gobierno de los Estados Unidos señala que en marzo de 2022 el gobierno de El Salvador declaró un régimen de excepción y que "numerosos ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros han sido detenidos" bajo dicho régimen, "algunos supuestamente arbitraria". Además, muestra advertencias como: "manténgase alerta sobre sus alrededores, no se resista físicamente a un intento de robo, no muestre señales de riqueza, no camine en el exterior al anochecer, no conduzca a lugares desconocidos y/o remotos de noche".

Los homicidios han disminuido poco a poco en El Salvador desde 2016 de 14 diarios ese año a 6.5 en 2019, 3.6 en 2020, 3.1 en 2021, 1.5 en 2022 a un promedio menor a la unidad en 2023 y 2024.

Los congresistas del Caucus recién conformado indicaron que varios países del hemisferio occidental con tasas de homicidio similares "se encuentran en Nivel 1" como Surinam, Guyana Francesa y Paraguay.

En El Salvador, organizaciones no gubernamentales como Socorro Jurídico Humanitario y Cristosal han registrado más de 6,000 capturas supuestamente arbitrarias durante el régimen de excepción y más de 300 muertes de personas detenidas, así como prácticas de torturas.