El director jurídico de la Corte de Cuentas, José Napoleón Domínguez, entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) avisos de posibles delitos en 9 concejos municipales del periodo 2018-2021 por un total de $7,027,369.49.
Además de San Sebastián Salitrillo, los concejos cuestionados gobernaron las municipalidades de Zaragoza, Ahuachapán, San Antonio del Monte, San Antonio Pajonal, Cuisnahuat, Sonzacate, San Francisco Menéndez y Candelaria La Frontera.
De acuerdo a la Corte de Cuentas de la República, posiblemente hubo delitos de malversación de fondos, peculado, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
Préstamos del FMI y del BID para covid-19.
La mayor parte de los fondos cuyo uso cuestiona la Corte de Cuentas de la República proviene de préstamos que estaban destinados a la emergencia por covid-19: mediante el decreto 650, se asignaron $389 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) al presupuesto de 2020, de los cuales $116.7 millones fueron destinados a los gobiernos municipales para “proyectos derivados de la emergencia por covid-19 y por la alerta roja de la tormenta Amanda”.Así mismo, mediante el decreto 687, la Asamblea Legislativa autorizó el préstamo por $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del “Programa de fortalecimiento de la política y gestión fiscal para la atención de la crisis sanitaria y económica causada por el covid-19”. El decreto destinó 30 % a los gobiernos municipales.
En general, el director jurídico de la Corte de Cuentas, Napoleón Rodríguez, aseveró que los fondos fueron usados para otros fines, como “pago de salarios o proyectos que no estaban vinculados con la atención” covid-19.
Auditorías.
Ante cuestionamientos del Gobierno actual, en agosto de 2021, la Corte de Cuentas informó que ya había auditado $21.3 millones entregados a alcaldías. Aseguró que habían auditado un 46 %, con 68 hallazgos por $4.05 millones.
Cifra posiblemente malversada en los concejos según auditorías de la CCR
La Corte de Cuentas de la República reportó a la Fiscalía General de la República posibles delitos de peculado, malversación, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.San Sebastián Salitrillo: $4.47 millones
Cuestiona el manejo de $4.47 millones. El periodo cuestionado es del 1 de junio del 2020 al 31 de enero del 2021.
Los fondos provienen de préstamos para enfrentar el covid-19.
Zaragoza: $235,351.10
La Corte de Cuentas cuestiona el manejo de $235,351.10 en el periodo 1 de junio de 2020 al 28 de febrero del 2021.
Los fondos provienen de préstamos para enfrentar el covid-19 (decretos 687 y 650).
Ahuachapán: $257,874.07
La Corte de Cuentas cuestiona el manejo de $257,874.07 en el periodo 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2020.
La Corte no detalló de dónde provenían los fondos cuestionados al concejo.
San Antonio del Monte: $235,500
La CCR cuestiona el manejo de $235,500 en el periodo 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020.
Los fondos provienen de préstamos bancarios a cuentas para el Fodes.
Cuisnahuat, Sonsonate: $408,872.07
La Corte de Cuentas cuestiona el manejo de $408,872 en el periodo 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2020.
Los fondos provienen de préstamos covid-19 (decretos 608, 625, 628) y Fodes.
San Antonio Pajonal: $156,200
La Corte de Cuentas cuestiona el manejo de $156,200 en el periodo 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2020.
Los fondos provienen de préstamos para enfrentar el covid-19 mediante el decreto 650.
Sonzacate, Sonsonate: $310,375.74
La Corte de Cuentas cuestiona el manejo de $310,375.74 en el periodo 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2020.
La Corte no detalla de dónde provienen los fondos.
San Francisco Menéndez: $553,063.99
Los fondos provienen de préstamos destinados a la emergencia por covid-19 provenientes del Fodes (decreto 624 y 625), así como préstamos para el covid-19. De enero a diciembre de 2020.
Candelaria la Frontera: $395,000
La Corte de Cuentas cuestiona fondos usados del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020. La CCR no detalla el origen de los fondos en su informe.