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El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien fue citado por los diputados, aseguró que las reformas provocarían que los jueces soliciten la extradición de un condenado en lugar de girar órdenes de arresto contra prófugos. Explicó que en el proceso actual se gasta dinero, pues al capturar al reo declarado rebelde se debía repetir la vista pública (juicio).
Según el fiscal general, Rodolfo Delgado, desde 1998 hasta septiembre de 2022 hay más de 81,000 prófugos de la justicia, declarados como rebeldes por delitos relativos a la vida, patrimonio, sistema constitucional, paz pública, agrupaciones ilícitas y secuestrados.
Delgado mencionó que el Código actual ha favorecido la impunidad los procesos judiciales se suspenden si el imputado no se presenta.
“Las disposiciones actuales que están regulando el tema de la rebeldía en el Código Procesal Penal vigente en realidad han estado generando un favorecimiento continuado a la impunidad”. –Rodolfo Delgado, fiscal general.
El dictamen aprobado está noche por la comisión pasará al pleno mañana durante la sesión plenaria para su respectiva discusión y votación.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad ha propuesto reformar la Ley Especial contra el Crimen Organizado para autorizar los criterios de oportunidad y regular los juicios abreviados para estos, además de reformas a la Ley de Intervenciones a las Telecomunicaciones y a la Ley General de Telecomunicaciones, para exigir a los operadores que guarden fotografías y archivos de sus usuarios, así como identifiquen los emisores de las llamadas que tienen sus usuarios y se autorice las intervenciones telefónicas para investigar delitos de violencia intrafamiliar y otros; y restrinjan las auditorías de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) al Centro de Intervenciones, entre otros fines.