La convocatoria a la audiencia pública, en el sitio del Congreso de los Estados Unidos, indica que el alza de homicidios en marzo debido a la ruptura de negociaciones entre el Gobierno y los líderes de pandillas, provocó que el presidente pidiera un régimen de excepción.
“La situación refuerza las preocupaciones sobre las crecientes tendencias autoritarias y el deterioro del Estado de Derecho en El Salvador y la región centroamericana”, indica el aviso de la audiencia, señalando falta de pruebas en las capturas.
Según la resolución 965, miembros del Congreso estadounidense y testigos participarán en la audiencia.
Como testigos asistirán Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; y Scott Busby, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE.UU.
En un segundo panel asistirán como testigos Leonor Rubio, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal; Héctor Silva Ávalos, periodista salvadoreño y corresponsal de Prensa Comunitaria e Infobae; y Tamara Broner, director de las Américas de Human Rights Watch (HRW).