El superintendente, que tendría el poder para revocar una autorización sanitaria, será nombrado por el presidente de la República.
El proyecto original no sufrió modificaciones. El Consejo de la Superintendencia estará conformada por 10 representantes de instituciones del Gobierno y uno de la Universidad de El Salvador (UES), cuando el CSSP tiene participación de gremios médicos, odontológicos y farmacéuticos; la DNM tiene un representante de universidades privadas; y el MAG posee consejos con representantes de organizaciones agropecuarias, profesionales y académicas.
“La Dirección de Salud Ambiental no desaparece. Verdaderamente el trabajo es muy grande de la Dirección. Estamos analizado esa reingeniería”, dijo el lunes Fredy Funes, director de Salud Ambiental (Disam) del Ministerio de Salud, quien detalló que la reorganización les permitirá “fortalecer las vigilancias” en sectores como el agua.
Hay que premiar como hemos visto al buen empresario pero también hay que educar a aquel que no esté cumpliendo. Fredy Funes,
director de Salud Ambiental.
El director de la Disam aseguró que esta tiene siete unidades: alimentos y bebidas, alcohol y tabaco, salud ambiental, enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis, ambiental, y la unidad de determinantes ambientales de salud y cambio climático.
Consultado por Diario El Mundo, el secretario general del Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss), Rafael Aguirre, dijo que las respuestas de la nueva Superintendencia podría “ser muy políticas”. “Quien esté gobernando es el que va a dar pase a las solicitudes dependiendo si quieren premiar o no a las empresas”, advirtió el líder sindical que exhortó a los diputados escuchar a otros sectores; la Comisión no llamó a sectores médicos o farmacéuticos a opinar sobre el proyecto.
El gobierno, por el contrario, cree que la centralización agilizará los trámites y que no perjudicará a las empresas.
“El fin es tener un ente regulador que vigile de manera más firme el mercado y proteja la salud del pueblo. Uno de los mercados que más ha prosperado es el mercado ilegal no solo de medicamentos sino de tabaco, bebidas, alcohol, la falsificación de producto”, argumentó el diputado José Urbina (Nuevas Ideas), quien prometió que la Superintendencia tendrá “la fuerza suficiente” para proteger la salud de la población respecto a dichos productos. "El Estado tendrá mucha más fuerza para regular el mercado", dijo.
El dictamen 119 fue sometido a votación luego de la visita del director de Salud Ambiental. Ningún diputado pidió modificar o hizo observaciones al proyecto, y todos votaron a favor. La ley estará vigente un año y medio –18 meses– después de su publicación en el Diario Oficial.