El CAT está por emitir un informe de revisión sobre el cumplimiento de El Salvador a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por el Estado salvadoreño el 17 de junio de 1996.
El punto clave está en que el artículo 2 de esta Convención obliga a El Salvador a no justificar la tortura ni siquiera en un estado o amenaza de guerra ni cuando sea orden de cualquier funcionario o autoridad superior. Los miembros del Comité les dejaron claro a los funcionarios salvadoreños que la tortura no está permitida.
En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenazas de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura”.
–Artículo 2 de la Convención suscrita por El Salvador en 1996.
Los funcionarios salvadoreños se hicieron presentes de manera remota, desde San Salvador, en la audiencia celebrada en Ginebra, Suiza. La comitiva salvadoreña fue encabezada por la vicecanciller de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y el secretario jurídico de la presidencia de la República, Conan Castro, pero tuvo participación activa de Centros Penales, Ministerio de Justicia y Seguridad, Sala de lo Constitucional, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia.
“Ningún hecho de violencia” en las cárceles
En su intervención, Carlos Javier Hernández, subdirector de asuntos jurídicos de la Dirección General de Centros Penales, negó que hubiera algún hecho de tortura dentro de las cárceles.Expresamente dijo dentro de las políticas de Centros Penales no está violar los derechos humanos y que “a la fecha no se reporta ningún hecho o acto de violencia o amotinamiento u otro acontecimiento dentro de los centros penitenciarios”.
El jurídico de Centros Penales enumeró diversos programas que realizan en los centros penitenciarios, de formación superior para internos, formación del personal penitenciario incluso en derechos humanos, un protocolo de actuación para el personal penitenciario, un call center para informar al familiar de la persona privada de libertad y recepción de medicamentos recetados para los privados de libertad.
El funcionario salvadoreño insistió en que la tortura está prohibida y no es aplicada en “la política penitenciaria”, aunque, aseguró que “no es el escenario ideal”, sin detallar por qué.
“El trabajo que se está ejecutando en el sistema penitenciario salvadoreño está enfocado en cumplir con nuestra responsabilidad de garante bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos y fundamentales de todas las personas privadas de libertad, si bien no es el escenario ideal, vamos paso a paso construyendo un camino en conjunto con nuestra sociedad. Si así estamos constituidos, la práctica de la tortura y de actos o procedimientos vejatorios en la ejecución de la pena queda terminantemente prohibida y no se encuentra ni en la interpretación ni en la aplicación de nuestra política penitenciaria”, fueron las palabras exactas de Hernández.
Comité insistió: ¿cómo reportan posibles torturas?
Algunas de las respuestas de los funcionarios salvadoreños fueron dadas luego de la insistencia de algunos miembros del Comité.Por ejemplo, la vicepresidenta del Comité, Ana Racu, agradeció los datos de la atención sanitaria en las prisiones, pero reclamó falta de respuesta sobre la existencia de un mecanismo para que el personal médico informe de posibles casos de tortura.
Ayer hice una pregunta sobre el mecanismo para informar el mecanismo para informar sobre posibles supuestos casos de tortura, por parte del personal médico, y no escuché nada al respecto, no sé si existe ese mecanismo en El Salvador para que personal médico informe de supuestos casos de tortura”. –Ana Racu, vicepresidenta del CAT.
Luego de escuchar al director de Centros Penales, quien dijo que la tortura no existe como “política”, la representante del Comité insistió al gobierno le diera “estadísticas sobre incidentes violentos y recurso excesivo de la fuerza en lugares de detención”.
Erdogan Iscan, miembro del Comité, insistió en que la información del informe del Estado salvadoreño “no atiende plenamente a las solicitudes del Comité” y ha pasado “tanto tiempo” desde que se dio ese informe.
Pidió al Estado salvadoreño que explique cuál es la situación actual en la búsqueda por aprobar la ley de justicia transicional.
Además, solicitó que aclare los criterios que utiliza la Fiscalía para categorizar la tortura y malos tratos a la luz de la legislación penal y a la Convención contra la Tortura, así como las cifras de torturas enjuiciados y condenas pronunciadas, así como medidas de rehabilitación e indemnización a víctimas de tortura o a sus familias.
La encargada de la Fiscalía General de la República dijo que hay 11 investigaciones de tortura desde 2019, 5 activas y 15 judicializadas, algunas de años anteriores y 4 condenas por este delito, aunque no detalló cuántas torturas imputadas habrían ocurrido durante el régimen de excepción.
El Comité enfatizó en que la tortura no es justificable.
Tomamos nota de que ese estado de emergencia o de excepción llevó a disminuir el número de homicidios pero sabemos, y estarán de acuerdo conmigo, en que ese estado de excepción o emergencia es un acto jurídico lícito según el derecho internacional, aunque hay ciertos derechos, inclusive el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, que sencillamente no se pueden obviar en virtud del derecho internacional".
–Erdogan Iscan, miembro del CAT, a las autoridades salvadoreñas en audiencia.
Erdogan Iscan, miembro del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, manifestó que las respuestas del Estado parte no atiende en su totalidad a las preguntas del Comité.
Una oferta “amplia” de servicios de salud a reos
Durante la audiencia, el viceministro de Salud, Carlos Alvarenga, aseguró que siguen ofreciendo en relación a los privados de libertad “una oferta de servicios amplia”: vacunación, jornadas médico odontológicas, tamizajes para detección temprana, detección de contactos de enfermedades, cuidados intensivos, saneamiento básico ambiental.
“Se desarrolla integrado a todo el Ministerio de Justicia y para esto contamos con toda la red de salud como tal, trabajando con las clínicas de los centros penitenciarios... Esto se integra al subsistema que coexiste en los centros penales. Actualmente hay un promedio de 300 médicos y 120 polivalentes sanitarios, durante el régimen de excepción se adicionaron 40 médicos y 40 enfermeras más para dar respuesta a las necesidades de atención de esta población, tenemos médicos, enfermeras, licenciados en laboratorio clínico, odontólogos”, expresó.
Además, dijo que “más de 1,000 personas privados de libertad” han sido capacitados para ser promotores de salud penitenciarios.
Pabellones médicos “exclusivos” para reos
El Ministerio de Salud, según el viceministro tiene planes contingenciales para la atención masiva durante el régimen y durante la situación normal.“Hay convenios directos con centros hospitalarios para generar pabellones exclusivos para personas privadas de libertad como tal”, indicó.
Y recordó que la atención se da durante las 24 horas del día: “La cobertura de atención, como lo mencionábamos, es de 24 horas para la atención de todo este tipo de emergencia como tal”.
Informó que han vacunado al 100 % contra el covid-19 y que las 227 personas privadas de libertad con VIH están en tratamiento, de las cuales 225 personas tienen carga viral indetectable.
El CAT remitirá, el jueves 24 de noviembre, las observaciones finales a El Salvador a la misión permanente de El Salvador y, el viernes, el último día de sesiones del CAT, se darán a conocer públicamente, informó el presidente del Comité, al cierre de la sesión.
