Dieciocho congresistas pidieron al gobierno de Joe Biden y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) dar prioridad a la protección de organizaciones de la sociedad civil en las relaciones bilaterales con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Pretenden que haya una mayor consulta con la sociedad civil y que se soliciten detalles de las leyes de agentes extranjeros promocionadas o aprobadas en dichos países.

En El Salvador el dictamen de Ley de Agentes Extranjeros no está archivado, sin embargo, la Asamblea Legislativa frenó su aprobación el 24 de noviembre de 2021. El dictamen incluía multas y penas de prisión.

Instamos a la administración Biden a continuar un compromiso sólido con el gobierno de Bukele y comunicarles que un espacio cívico abierto es una prioridad bilateral clave”.

Congresistas demócratas al Gobierno de EE.UU.


Según la carta enviada al Estado y a la USAID, estos deben considerar todas las acciones legales posibles para financiar y proteger a organizaciones de la sociedad civil que operan en contextos cerrados o semicerrados, así como establecer mecanismos de financiamiento flexible para contrarrestar posibles ataques en su contra.

Guatemala y Honduras

El Departamento de Estado y la USAID, según los congresistas, también deben “instar a cada Gobierno “a revisar y trabajar con las legislaturas para revisar y derogar las leyes y disposiciones que limitan la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo sus actividades legítimas”.

La carta advierte que en Guatemala, las organizaciones ya han empezado a sentir los impactos de los cambios de la Ley de Agentes Extranjeros implementada en agosto de 2021; y en Honduras una serie de decretos aprobados en 2021 hacen más difíciles las investigaciones de lavado de dinero y obstaculizan cuentas bancarias a las organizaciones civiles, facilitando su enjuiciamiento por actos legítimos de expresión.

El Salvador

Los congresistas advierten que, en El Salvador, las organizaciones siguen denunciando casos de hostigamiento y manifestando su preocupación de que la Ley de Agentes Extranjeros pueda ser introducida con algunas modificaciones, y que urgen a la administración Biden robustecer el vínculo con Bukele para comunicarle que el espacio cívico abierto es prioridad bilateral.

En la carta, se recuerda que el 9 de noviembre de 2021 la administración de Nayib Bukele propuso la normativa de agentes extranjeros, una ley que prohibiría a las organizaciones registradas actividades que pudieran transgredir el orden público o poner en riesgo la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país.

Los políticos estadounidenses consideraron que la ley daban discrecionalidad para revocar licencias a cualquier organización y además recordaron que imponía un impuesto de 40 % a las organizaciones. Sin embargo, relatan que después de la crítica pública, la administración Bukele “lo pospuso luego de importante presión incluida la decisión del gobierno alemán de suspender temporalmente su ayuda exterior”.

La carta no ha tenido respuesta pública del Gobierno salvadoreño. Este miércoles, el presidente Bukele únicamente ha ironizado sobre la libertad de prensa en los Estados Unidos, colocando una noticia titulada: “Casa Blanca urge a Spotify tomar más medidas contra Joe Rogan”.

La carta es firmada por los congresistas Norma Torres, James McGovern, Edward Markey, Joaquín Castro, Nanette Diaz Barragán, Adriano Espaillat, Juan Vargas, Dina Titus, Raúl Grijalva, Andy Levin, Alexandria Ocasio-Cortez, Antonio Cárdenas, Lucille Roybal-Allard, Mark Pocan, Jesús Chuy García, Jimmy Gómez, Luis Correa y Benjamin Cardin.

Es dirigida al subsecretario de Estado de asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y el administrador asistente interino, Peter Natiello, con copia a Ricardo Zúniga, subsecretario adjunto principal y enviado especial para el Triángulo Norte de la Oficina del Hemisferio Occidental; Michael Camilleri, asesor sénior del administrador y director ejecutivo del grupo de trabajo del Triángulo Norte de la USAID.