El consorcio citó que las actas del pleno del TSE no son públicas, como tampoco las agendas; las más recientes fueron publicadas en 2021 y 2022, y ninguna se refiere a elecciones de 2024.
Sin embargo, el consorcio también pidió al Estado que garantice “un irrestricto respeto y promoción de la pluralidad”, así como instó al Ejército y a la Policía Nacional Civil (PNC) a “que su presencia no genere ningún tipo de distorsión e inhibición sobre la ciudadanía en el proceso de elecciones”.
Estas son las observaciones o desafíos señalados por el consorcio en su primer informe:
1. Reglas inciertas y difusas: reformas electorales cercanas a los comicios que provocan sobrerrepresentación del departamento de San Salvador, incertidumbre por modificaciones a última hora y una reducción del pluralismo por la fórmula D’Hondt.
2. Vulnerabilidades: falta de depuración del registro electoral exterior, diferentes censos, ciudadanía diferenciada por el voto en el exterior.
3. Autonomía limitada del TSE: legitimación de inscripción de la candidatura presidencial y ausencia de control a deuda política y fiscalización a partidos.
4. Cancha desequilibrada.
5. Limitada transparencia.
6. Espacio cívico amenazado.
7. Nuevos factores de inseguridad y respeto a derechos humanos.
8. Entorno político plural en crisis ante polarización.