El proceso de contratación de la empresa que auditará el sistema de voto electrónico tiene un mes de retraso de acuerdo a las fechas señaladas en el calendario electoral. La contratación debió efectuarse entre el 16 de febrero y el 15 de marzo de 2023, sin embargo, aún no hay una fecha para lanzar la convocatoria para las empresas interesadas aunque la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora de Barahona, ha asegurado que el proceso ya está en manos del equipo técnico.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, asegura que el desfase del calendario en esta etapa, se debe a una serie de retrasos que no dependieron del TSE y que lo “dejaron sin tiempo de maniobra”.

Escobar recordó que para 2020, la Sala de lo Constitucional había emitido dos resoluciones que planteaban la base de lo que debía contener la ley de voto en el exterior.

“La Sala lo Constitucional resolvió el tema del voto en el exterior en una primera sentencia en 2016 donde dijo que se tenía que garantizar el ejercicio de sufragio en el exterior en todas las elecciones, luego en 2020 resolvió que, era necesario que la Asamblea cumpliera la resolución y resolvió un par de controversias por unas reformas”.

No obstante, la normativa se retrasó y la aprobación del presupuesto electoral también, lo que obligó al TSE a no poder cumplir con los plazos previstos. “Cuando entró la actual legislatura en 2021, ya estaba el panorama jurídico claro de lo que tenía que hacer la Asamblea y pasó hasta septiembre del año pasado que se aprobó la ley”, explicó.