La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Martínez de Barahona, y la presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Roxana Soriano, firmaron el jueves un convenio de cooperación que compromete a la CCR a fiscalizar los recursos utilizados por el órgano electoral en las elecciones de 2024.

La firma del convenio no fue pública, sino informada a través de redes sociales y a través de un comunicado oficial de la CCR.

Según la CCR, el convenio buscar garantizar el uso adecuado de los fondos públicos destinados a las elecciones. “Se podrán realizar auditorías concurrentes y/o de oficio durante el evento electoral (para) verificar la legalidad, eficiencia, efectividad y transparencia”, prometió la presidenta de la CCR.

Además de ambas funcionarias, estuvieron presentes los magistrados suplentes del TSE Marlon Cornejo y Sonia Liévano; y los magistrados de la CCR Julio Bendek y José Rodrigo Flores.

Ejerceremos un seguimiento continuo del proceso electoral que comprende desde su organización hasta el cierre con la declaratoria en firme de los resultados, entrega de credenciales, rendición de cuentas y liquidación del presupuesto”.
Roxana Soriano,
presidenta de la CCR.


La presidenta del TSE, Dora de Barahona, dijo en la plataforma X que, para celebrar elecciones íntegras, se requiere “respetar los estándares administrativos, que son la parte fundamental del manejo de los fondos públicos para llevar toda la logística y todas las necesidades”.

El TSE se comprometió a dar "todo el apoyo institucional para que la CCR ejerza sus funciones legales”.

En marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de $129,317,170 para que el Tribunal ejecute los comicios presidenciales, legislativos, municipales y de Parlamento Centroamericano (Parlacen). De ese monto, $70,250,480 se destinarían a las dos jornadas electorales del territorio nacional y $59,066,690 a las elecciones en el exterior con voto electrónico.

El TSE ha suscrito contratos por $41.1 millones con Indra para el voto electrónico y acordó pagar hasta $4.7 millones a la empresa CGTS para que audite el voto electrónico.