El pasado 8 de febrero, Cristosal solicitó a la CCR un examen especial sobre el uso de fondos públicos en este programa, la Corte respondió este 17 de marzo que no está dentro de sus atribuciones constitucionales.
Para la organización defensora de derechos humanos, esta respuesta de la Corte no es válida, y está “muy alejada” de las facultadas que le otorga la Constitución en la fiscalización de fondos públicos.
La jefa de unidad de anticorrupción y justicia de Cristosal dijo que la fundación “no está pidiendo una investigación sobre el cometimiento de un hecho delictivo, sino el uso de fondos públicos para la compra de un software espía”.
La CCR indicó que no es “competente” para conocer hasta que “exista un pronunciamiento jurisdiccional que ponga fin al proceso”.