Cristosal concluyó, luego de presentar el informe, que “este es el peor momento” del país en cuando a respeto a derecho al acceso a la información pública.
De la información no entregada, el 39.6 % no hubo respuesta de la institución o el oficial de información, el 44.6 % fue declarada inexistente y solo 6.1 % de información fue declarada reservada.
De la muestra tomada, se trató de un total de 1,069 casos de información no entregada, 476 declarada inexistente, 411 sin respuesta, 69 declarada reservada, 47 denegada y 31 en las cuales la institución se declaró incompetente.
Sin embargo, un total de 394 solicitudes sí tuvieron respuestas, es decir, el 26.9 % de información solicitada fue entregada parcial o totalmente.
El Salvador está viviendo el peor momento en cuanto a respeto de derecho de acceso a información pública desde la implementación de la ley”.
Doris Rosales,
investigadora de la Unidad Anticorrupción de Cristosal.
Jonathan Cisco, de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, aseguró que la negativa de información pública perjudica “el libre debate de las ideas” y crea “una narrativa única desde quienes detentan el poder”. Según Cisco, actualmente a los oficiales de información “les dan lineamientos”, algo que calificó que es “absolutamente es ilegal”.
No puede haber elecciones libres si la sociedad no está debidamente informada. Se ha remozado una dictadura, se ve revista de modernidad”.
Jonathan Cisco,
abogado de la Unidad Anticorrupción de Cristosal.
Según Cisco, la experiencia de la Unidad Anticorrupción de Cristosal les indica que la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General de la República “están negando todo”, la Fiscalía niega “incluso datos estadísticos”. Por otra parte, el Ministerio de Salud también ha negado información sobre beneficios a familiares. Cisco aseguró que la única institución que entregó información es el Ministerio de Turismo (Mitur).
“La misma solicitud que hicimos en 2018, la misma nos la están negando y han llegado al cinismo de decir es inexistente”, expresó.
Cisco relató que, en uno de los casos, el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) puso entre su índice de información reservada la relacionada con el asocio público privado de la terminal de carga pero Cristosal solicitó la información cuando concluyó la reserva. Luego, se admitió la solicitud pero, cuatro días después, la Comisión Ejecutivo Portuaria Autónoma (CEPA) reservó la información. Cristosal apeló ante el Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) pero nueve meses no han tenido respuesta.
El 21 de diciembre de 2023, el presidente del IAIP, Ricardo Gómez, y los comisionados Gerardo Gerrero y Andrés Grégori Rodríguez, fueron incluidos en el informe de la Sección 353 de “Actores corruptos y antidemocráticos”, conocido como Lista Engel, emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
EE. UU. señaló a los comisionados del IAIP como personas que socavaron “los procesos o instituciones democráticas al bloquear a propósito e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo” como presidente comisionado o comisionado. Los 3 comisionados del IAIP se sumaron a otros 25 salvadoreños mencionados en anteriores listas.