Ruth López, jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, indicó que la reforma viola la Constitución al permitir el uso del agente encubierto digital.
Los fundamentos de esta inconstitucionalidad son fundamentalmente dos, el de forma corresponde a que el articulo 24 de nuestra Constitución tanto en el ordinal segundo como en el cuarto establecen que se debe tener un límite para la intervención de las telecomunicaciones, cuando se autoriza los agentes digitales pueden utilizar diferentes mecanismos para intervenir, no nos estamos oponiendo a este tipo de investigación pero estamos de tratando de que vean el irrespeto a derechos humanos y a la intimidad de la ciudadanía".
Ruth López, representante de Cristosal.
La abogada señaló que si no se delimitan los delitos para los cuales se puede permitir la intervención de los agentes, se pueden vulnerar los derechos humanos.
Cristosal solicitó a la Sala de lo Constitucional emitir como medida cautelar que no se apliquen las reformas avaladas por el órgano legislativo, o que ordene a la Fiscalía General de la República que utilice autorización judicial para que se realicen este tipo de intervenciones de agentes digitales.
El pasado 1 de febrero, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas al Código Procesal Penal que autorizan las operaciones encubiertas digitales por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) con autorización fiscal, y sin la orden de un juez.
La reforma crea el término "evidencia digital", que pueden ser todo tipo de imágenes, videos y datos para judicializar delitos, y de los cuales podrán verificar la veracidad a través del testimonio de la persona que intervino en la generación de la evidencia digital o del perito. La reforma también autoriza el bloqueo de sitios de Internet mediante orden judicial.