El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, dijo que su testimonio se basaba en 2,698 denuncias recibidas relacionadas a 1,799 personas, con verificación de los hechos, que incluyen detenciones arbitrarias masivas, violaciones al debido proceso, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, muertes de 76 personas bajo custodia del Estado, y procesos masivos contra grupos de 200 a 600 ausentes en el tribunal sin permitir a los abogados de Cristosal presentar pruebas de inocencia.
Mencionó restricción de alimentos y también tortura colectiva contra personas privadas de libertad en los penales de Izalco y La Esperanza.
En la audiencia, el periodista Héctor Silva Ávalos también dijo que el Gobierno impuso el régimen para intentar remediar un problema “que él mismo había creado”, un alza de violencia “tras la ruptura del pacto con las pandillas”.