Para ello, la ley autoriza la emisión de Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que sirven para financiar pensiones y beneficios de los pensionados del sistema público, de los pensionados que optaron por el privado Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) cuando este fue creado.
El gobierno ha dicho que emitirá una prohibición expresa a futuros gobiernos al uso de los fondos del SAP para pagar pensiones del sistema público y se queja de la escasa rentabilidad pagada por los anteriores gobiernos.
La reforma de 2017 ordenó la sustitución de los CIP con un plazo de 30 años con una tasa de interés creciente desde el 2.5 % en 2017 hasta una tasa fija de 4.5 % a partir de 2022.
De acuerdo al artículo 91 de la actual Ley del SAP, los fondos de pensiones pueden invertirse en los CIP emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales “para el pago de las prestaciones que corresponden a los afiliados al Sistema de Pensiones Público (SSP) con un límite máximo de inversión del 45 %”. El gobierno no ha informado cuánto es monto actual de CIP y cuánto interés genera.