Actualmente, el Código Penal establece el deilto de estafa, que es castigado con prisión de 5 a 8 años, “sobre artículos de primera necesidad, viviendas o terrenos destinados a la construcción de viviendas”.
El gobierno pide intercalar un nuevo artículo 216-A para castigar con prisión de 8 a 12 años la venta de lotificaciones o parcelas que no estén inscritas en el Centro Nacional de Registros.
El 4 de julio pasado, la Asamblea Legislativa aprobó un año más para que las lotificaciones puedan completar su legalización en el Centro Nacional de Registros (CNR), ya que la normativa vencía el 8 de julio.
Días antes, representantes de Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa) habían solicitado una reforma a la ley de lotificaciones prorrogada para que las familias afectadas por el atraso en la entrega de las escrituras sean indemnizadas. La introducción de la propuesta en la sesión plenaria logró solo 14 votos de la oposición, que señala al gobierno de únicamente resolver la situación de siete familias.
En esa ocasión, la diputada Marcela Pineda exhortó a invitar a las familias a que interpusieran las denuncias de estafa en la Fiscalía General de la República.
Unas 351 familias interpusieron denuncias en la FGR el 12 de julio.