Los diputados Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN) hicieron cuestionamientos a los candidatos a presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR) sobre los procesos de auditoría o de control que realiza la institución contralora a las alcaldías municipales.

La CCR es la institución que debe fiscalizar el uso de los fondos públicos en las instituciones, municipalidades u organizaciones privadas que los reciban.

Carballo aseguró que hay "exalcaldes" que andan "con temor porque tienen informes de auditores y las resoluciones han sido en contra de ellos". "Y han salido más pobres que como estaban, entraron con ganadería, se metieron a la política y les fue mal al ser políticos, hombres correctos", aseveró, sin mencionar a un exfuncionario en específico.

El diputado pedecista agregó que también hay "exalcaldes que a todas luces se han hecho millonarios en el transcurrir de sus periodos como alcaldes, se han hecho dueños de televisoras de televisión, de radiodifusoras, de un montón de inmuebles y ellos dicen ser honrados".

"Llega Corte de Cuentas y ellos salen bien siempre. Entonces, ¿quién audita a los auditores para que este tipo de políticos... Y si usted los va a revisar no tienen ni una bicicleta a nombre de ellos pero ¿cómo podemos llegar a la verdad y terminar con esos amaños?", consultó al candidato.

"Yo en lo personal le pediría perseguir ese tipo de políticos, así a toda vista tienen un enriquecimiento ilícito, pero usted, ¿qué haría al respecto?", le preguntó Carballo al candidato a presidente de la CCR.

Julio César Chacón Flores, juez de cuentas de la Cámara Quinta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas, le respondió: "Lo que usted me plantea es un caso que se ha dado y recientemente yo recién llegado tenía conocimiento de que se había procesado a algunos auditores porque habían favorecido determinados servidores públicos por medio de la Fiscalía General de la República".

Chacón, quien también laboró en la Fiscalía General y en la Asamblea Legislativa, aseguró que muchas veces en las auditorías de la CCR advierten la comisión de delitos, como por ejemplo alteraciones en actas de concejos municipales, y la obligación que tienen como jueces de cuentas es informar al presidente y magistrados de la CCR para que certifiquen a la Fiscalía.

El diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN), también cuestionó al candidato Gonzalo Octavio Ayala López, oficial de información de la Corte de Cuentas, para que el "manual" de normas internas sea "bien ejecutado", al mencionar que algunos concejos municipales "se oponen a este manual".

"Las normas internas de control interno viabilizan y favorecen el control del manejo de los fondos públicos y facilita un poco cuando los equipos de auditoría llegan especialmente a las alcaldías, hay algunos concejos municipales que se oponen a este manual que la Corte le exige. ¿Qué mecanismo usaría para que sea bien ejecutado ese manual y que al mismo tiempo lo tengan actualizado?”, preguntó al oficial de información de la CCR.

Ayala López respondió que “no es discutible” ya que si hay normas técnicas que la Corte de la Corte de Cuentas “es el organismo rector”. Sugirió dar publicidad a las normas técnicas para que las alcaldías las conozcan.

En abril de 2024, la CCR anunció un "plan masivo de fiscalización" con 277 auditorías a las gestiones de las municipalidades que terminaron el 1 de mayo de 2024: 203 para las municipalidades de la gestión 2018-2021 y 174 para el periodo 2021-2024. La entonces presidenta de la CCR, Roxana Soriano, prometió una "fiscalización más técnica y efectiva de los recursos públicos".