“Es un completa arbitrariedad de parte de ambos gobiernos, tanto estadounidense como salvadoreño. Debe haber un debido proceso en cualquier caso, tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, indicó el representante de la organización no gubernamental.
Argumentó que la Constitución de la República establece que el gobierno o el presidente solo tiene las funciones que establece la ley. “Si hay otras funciones para realizar esos acuerdos de encarcelar a una persona, está violando la Constitución”, señaló. Consideró que el acuerdo es "un chanchullo" o "negocio particular".
Según el director, los tratados o convenios internacionales tienen que pasar por la aprobación y ratificación de la Asamblea Legislativa. “Esto no se le puede llamar un acuerdo”, dijo esta mañana, durante la presentación de un estudio las características y las causas de la migración salvadoreña.
La madrugada del 16 de marzo, el gobierno de los Estados Unidos deportó a 238 venezolanos y 23 miembros de la MS-13, quienes según el gobierno salvadoreño fueron recluidos en el Cecot, ubicado en Tecoluca, San Vicente Sur. Oficialmente, no hay datos del récord criminal y migratorio de cada uno de los deportados.
Funcionarios estadounidenses han asegurado que unos (137) fueron deportados por la Ley de Enemigos Extranjeros y otros (101) fueron deportados bajo la norma migratoria Título 8. Sin embargo, no se ha dado a conocer un registro oficial con las condenas de las personas deportadas por Estados Unidos y que se recluyeron en el Cecot.
La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, realiza este miércoles una visita al Cecot y se reunirá con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con el fin de hablar de cómo se pueden aumentar los vuelos de las deportaciones de criminales extranjeros de los Estados Unidos. Estados Unidos dará $6 millones por la prisión de los 238 venezolanos durante un año.