La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), la colombiana Juanita Goebertus, está en El Salvador para presentar los resultados de una investigación realizado por un equipo de investigadores de HRW que visitó el país y que documentó casos de asfixia, quemaduras con cigarrillos, golpizas y otros maltratos contra niños, niñas y adolescentes en El Salvador.

Goebertus sugiere una revisión de los casos del régimen de excepción "con un énfasis en los menores" y advierte que en El Salvador se ha aplicado "un encarcelamiento masivo" y no una investigación de las redes criminales enfocada a los cabecillas de las ranflas. "Es lo que ha brillado por su ausencia en El Salvador", expresó. –¿Cómo ve la negativa del gobierno a aceptar que haya violaciones a derechos humanos en El Salvador? Andrés Guzmán [comisionado de derechos humanos y justicia de El Salvador] aseguró que no hay casos de tortura en El Salvador.

Lo que da cuenta nuestra investigación, luego de un año de trabajo de campo en El Salvador para este informe y más de dos, incluyendo nuestro trabajo para el reporte anterior, es que hemos podido dar cuenta frente a niños y niñas en El Salvador de casos de tortura, malos tratos y degradantes, tanto previo a la captura como en los centros de detención e incluso con posterioridad a que son liberados por órdenes de jueces.

Documentamos casos de asfixia, casos de quemaduras con encendedores, cigarrillos, casos de golpizas, falta de actuación por parte de los guardias penitenciarios para prevenir que este tipo de hechos se den, no solo por miembros de las fuerzas de seguridad sino por parte de otras personas que están detenidas.


La obligación del gobierno salvadoreño, contrario a lo dicho por el comisionado, sería, cuando menos, investigar este tipo de denuncias, simplemente desestimarlas de plano significaría que no solamente el gobierno salvadoreño sería responsable por este tipo de tortura sino también por falta de acceso a la justicia para las víctimas.


–¿Hay evidencias de tortura encontradas por el equipo que hizo la investigación de Human Rights Watch?

Sí, absolutamente. Por eso el informe de manera muy contundente señala no solo el hecho de que existirían torturas, sino también malos tratos inhumanos y degradantes contra niños y niñas en el marco del régimen de excepción en El Salvador.

–¿Por qué es importante este informe para los salvadoreños?

Porque yo creo que es fácil para un pueblo que ha sufrido la violencia de las pandillas empezar a correr la línea. Cuando se da este tipo de régimen de excepción contra los pandilleros, la mayoría de la gente de El Salvador aplaude con buenas razones porque, insisto, que más que haber convivido con pandillas por décadas, que los han amedrentado, que los han extorsionado, que han matado a sus hijos y sus hijas.

El problema de correr la línea y suspender el debido proceso en la práctica en El Salvador es que lo primero es ir contra pandilleros sin debido proceso pero lo que sigue es ir detrás personas inocentes y lo que este informe muestra son los casos de niños y niñas muchos de los cuales no participaban en las pandillas, habían sido incluso víctimas de intento de reclutamiento por parte de las pandillas y ahora son ellos mismos víctimas de fuerzas estatales tanto militares como policiales en el marco del régimen de excepción.

–¿Qué piensa de la afirmación que se ha hecho de que HRW defiende pandilleros?

Es simplemente otra estrategia de parte del gobierno, de estigmatización, de atacar a las organizaciones de la sociedad civil, a los periodistas en El Salvador, desestimando supuestamente sus críticas, es una vieja táctica, no ha hecho uso solo de ella Bukele, todos los gobiernos de talante autoritario buscan estigmatizar al primero que levanta la mano para denunciar los hechos.

Si tuvieran evidencia real que pudieran poner sobre la mesa de la participación de estas personas en la comisión de delitos graves, veríamos algún tipo de condenas por ejemplo contra los líderes de las ranflas, por el uso de menores en la comisión de delitos, por lavado de activos, por extorsión, por homicidios y, muy por el contrario, lo que vemos en El Salvador es un encarcelamiento masivo pero sin procesos realmente judiciales que develen estas redes de comisión de delitos por parte de las pandillas.

–¿Qué es lo que debería hacer el gobierno al final de este informe?

Lo primero es dejar de prorrogar el régimen de excepción, pero la idea que estamos poniendo sobre la mesa es un mecanismo de revisión de casos, un mecanismo ad hoc, especial, que pueda tomar los casos de las personas detenidas, las más de 84,000, con un énfasis en los menores de edad para poder asegurar que aquellas personas frente a las cuales no hay ninguna evidencia real de su participación en delitos violentos sean puestos en libertad bajo un sistema de resocialización, de ayudar a que tengan oportunidades, por ejemplo de educación para el trabajo, para que no terminen revictimizados en sus comunidades y concentren una investigación real, con buena capacidad forense en quienes realmente son los responsables, que son los líderes de las ranflas, que es lo que ha brillado por su ausencia en todo este proceso en El Salvador.