El Programa Especial de Combate a Terroristas, que fue creado en el presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública el 30 de marzo de 2022, en el marco del régimen de excepción, no fue incorporado dentro del presupuesto de 2023.

La línea de trabajo para el programa tuvo una asignación de $76.7 millones el año pasado, de los cuales se devengó más de $42 millones, según datos disponibles del portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

Diputados de oposición critican que existe una improvisación en el tema de seguridad y poca transparencia en el manejo de fondos.

Improvisación

“Es una manifestación de la falta de planificación, de la falta de existencia de un plan verdadero de seguridad”, dijo John Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo.

“Lo que deja claro es que lo que estamos viviendo, y que lo seguimos viendo cada vez más, es una reiterada improvisación del manejo de la cosa pública”, expresó Ricardo Godoy, de Arena.

Anabel Belloso, del FMLN, calificó de “irresponsable” no especificar los recursos. “Habría que ver la ejecución de lo que se asignó el pasado 2022 y conocer si esa cuenta se liquidó o qué va a pasar”, cuestionó Belloso.

Por su parte, Numan Salgado, de Gana, considera que el plan de seguridad “es dinámico” y que se acondiciona “a los momentos coyunturales que se están dando dentro de la seguridad”.

El diputado oficialista añadió que el gobierno está trabajando en el combate a temas como distribución de droga y otros ilícitos; pero no descarta que en el desarrollo del presupuesto se haga readecuaciones.

Para a diputada del FMLN no hay transparencia. “En el tema presupuestario es un tema dinámico, así como se pueden crear líneas se pueden suprimir; pero entonces que digan también y transparenten cómo van a enfrentar desde los fondos todo lo que se supone que están haciendo en torno al régimen”, dijo Belloso.

Wright Sol recordó que para este 2023 los ministerios de Seguridad y Defensa tuvieron reducciones en sus presupuestos, pero “siguen siendo rubros importantísimos de gasto público” y es “sumamente difícil darle seguimiento a la efectividad de estos recursos”.

Godoy lamentó que se ve “una piñata de reparto de recursos” y no se tiene claridad en la proyección, visión y sostenibilidad de las medidas que se toman.