Economistas consultados por El Mundo ven positiva la "Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas", uno de los compromisos que adoptó El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero advierten que la nueva normativa no establece límites para el gasto público y que ello conlleva una gran responsabilidad sobre el Ministerio de Hacienda.

Al cierre de 2024, la deuda pública total de El Salvador alcanzó los $32,107.13 millones, un 89.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), incluidos los $10,525.96 millones en deuda estatal de pensiones. La nueva ley establece la meta más cercana del 80 % del PIB en 2030.

El economista Rommel Rodríguez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), cree que la ley "muestra la voluntad clara de enmarcar una hoja de ruta" para ordenar las finanzas públicas, ya que establece la obligación de elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y de transparentar deudas incluidas todas las instituciones estatales, deudas a corto plazo y pagos pendientes a proveedores.

Sin embargo, Rodríguez advierte que usualmente las leyes de sostenibilidad fiscal establecen mecanismos técnicos para llegar a las metas de deuda pero la ley de El Salvador, no lo hace.

"No dice expresamente en la ley cuál es el objetivo de déficit y de balance primario o de gasto como proporción del PIB, sino que lo deja a un segundo procedimiento o documento, el MFMP", explicó.

Es una normativa laxa, pero hay una salvedad importante, hay que darle el beneficio de la duda. Ellos hacen esto porque es un elemento que vamos a ver en el camino... Alcanzar un superávit primario para bajar la deuda incluyendo pensiones no es fácil.
Rommel Rodríguez, economista de Funde.


Señala que en el camino Hacienda puede ir redefiniendo los indicadores para bajar los límites de deuda pero, pese a ello, señala que "introducir el marco fiscal con pensiones es duro".

Para Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva, la tarea difícil recae sobre el Ministerio de Hacienda. "Es positivo que se haya retomado la ley anterior que se había aprobado en 2016 y se había suspendido por la pandemia de covid-19. El espíritu es lo importante y los límites de deuda. La gradualidad de la reducción de la deuda son más altas, pero creo que es positivo", dijo.

Sin embargo, también observó que esta nueva normativa "solo tiene métricas de deuda sobre PIB" cuando en otros países establecen métricas sobre gastos corrientes.

"Esto deja sobre Hacienda la responsabilidad de maniobrar para ver cómo se van logrando las metas en el tiempo y, para eso, el Marco Fiscal de Mediano Plazo es bien importante. La tarea difícil recae sobre Hacienda".
Carlos Acevedo, expresidente del BCR.


Dependerá de crecimiento y reforma de pensiones

Dos elementos clave para analizar si las metas de endeudamiento impuestas en la ley se cumplirán en El Salvador son el crecimiento económico y la reforma de pensiones.

Según el expresidente del BCR, los límites de deuda pública "sí son realistas" pero su cumplimiento también dependerá de la reforma de pensiones y del crecimiento económico.

El economista explicó que "el amarre de la ley no significa que la deuda deba disminuir en valores absolutos" ya que, mientras el PIB crezca más rápido que la deuda, la deuda en relación al PIB irá bajando aunque la deuda en términos nominales esté subiendo.

Según Acevedo, ya no hay mucho margen para que El Salvador haga más recortes al gasto. Ejemplificó que en el periodo 2020-2024 la recaudación tributaria se fue en el pago de salario, bienes y servicios, e intereses de la deuda, y ya no alcanzó para transferencias, subsidios, amortización de la deuda e inversión pública. "Podés poner límite en la compra de bienes y servicios, sí, pero no te va a dar mucho. Es complicado y eso sin incluir el pago de pensiones", indicó.

El mayor desafío, sin embargo, es la deuda de pensiones cuya reforma prevé podría ser gradual para evitar el costo político.

En 2024 la deuda de pensiones ya conformaba el 32.7 % de la deuda de El Salvador. El mecanismo mediante el cual se prestan los ahorros de los trabajadores cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) al Estado –para que pueda pagar pensiones del sistema público– fue renovado en la reforma de 2022 –con una tasa de interés del 7 %. A abril de 2025, la nueva deuda de pensiones ya es el 22 % de la deuda previsional, que asciende a $10,742.22 millones.

Además de una Ley de sostenibilidad fiscal, El Salvador se comprometió con el FMI a realizar una reforma de pensiones para 2026, cuya propuesta se deberá publicar en febrero.