El director del Instituto Nacional Demócrata (NDI) en Centroamérica, Eduardo Núñez, considera que firmar un acuerdo de entendimiento entre los partidos políticos hacia la campaña electoral es un llamado a la responsabilidad de los partidos políticos a reducir o erradicar la violencia electoral.

“Firmar este tipo de acuerdos es un llamado a la responsabilidad política, a la responsabilidad de respetar la ley, a la responsabilidad de competir en el marco de la ley, de garantizar los derechos políticos de las personas aceptando sus diferencias y no obviando o negando sus diferencias, a la responsabilidad de erradicar o reducir la violencia en todas sus manifestaciones, es un acto de cultura política”, considera.

Núñez hace énfasis en que los partidos políticos en general deben eliminar la idea de que la violencia política es condición normal de todo proceso electoral y menos la violencia digital “cruenta y anónima” que “destruye identidades”.

“Hay que eliminar la idea de que la violencia política es condición normal a la competencia electoral, no lo es. La violencia nunca es una forma convencional de hacer política, no es normal en las formas de hacer política, no es admisible como metodología de acción política, no lo es la violencia física, no lo es la violencia simbólica, no lo es las formas de violencia convencional que se da en la interacción interpersonal ni lo es en las nuevas formas de violencia digital en donde es particularmente cruenta y anónima la forma en que se ataca y se destruye las identidades diferenciadas de las personas. No lo es", afirma.

El análisis del representante regional del NDI explica que las preocupaciones regionales en torno a la integridad de los procesos electorales han ido evolucionando desde la realización óptima de las elecciones hasta la preocupación actual.

Relata cómo se pasó por la preocupación de la igualdad de condiciones de los partidos, de financiamiento de partidos y elección de cargos internos.

Explica cómo actualmente la preocupación gira en torno a la certeza jurídica, las reglas claras, estables, ciertas, pero también “una aplicación efectiva y estandarizada de la ley por parte de la autoridad electoral y de cualquier otra autoridad jurisdiccional”.

“Implica una mirada sobre la equidad, cómo participan los hombres y las mujeres, los jóvenes y los adultos, cómo participan las distintas organizaciones políticas que representan identidades e intereses diferentes. Volvemos a poner en la mesa la preocupación por la competitividad, cómo se financian los partidos, ¿tienen todos los partidos acceso al financiamiento previsto por el Estado?, ¿tienen condiciones de equidad para competir o no?, ¿tienen acceso igualitario o al menos equitativo a los medios de comunicación?, ¿pueden acceder de manera equitativa al uso de las redes sociales o no?”, explica.

Núñez sostiene que en el centro está la erradicación de todas las vormas de violencia e inseguridad en la competencia electoral.

La opinión de Núñez fue proveída ante partidos políticos que firmaron el polémico pacto de entendimiento (documento) contra la violencia política electoral, que no fue firmado por la oposición debido a su desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).