El Comité de Asignaciones de la Casa de Representantes de EEUU aprobó el 29 de junio el presupuesto del año fiscal 2023 que asigna fondos de ayuda a naciones extranjeras, incluyendo a El Salvador, Honduras y Guatemala.

El desembolso del 60 % de la ayuda se condicionó a los tres países al cumplimiento de nueve condiciones, entre las cuales está el combate a la corrupción, así como el respeto a los defensores de derechos humanos.

El proyecto de “Ley de Estado, operaciones extranjeras y programas relacionados”, aprobado con una votación de 32 a 24, asciende a $64,570 millones, 15 % más que en 2022 e incluye asistencia humanitaria. Al menos $240 millones serán destinados a Centroamérica.

Excluye a El Salvador, Guatemala y Honduras de los fondos del “Programa de financiamiento militar extranjero”.

Promover la democracia, combatir la corrupción y estabilizar los gobiernos de Centroamérica son prioridades cruciales de política exterior para EE.UU.”. Norma Torres, congresista de EE.UU.

Lo mínimo.

El presupuesto indica que se destinarán fondos al combate de las causas de la migración en Centroamérica, incluyendo al menos $65 millones para combatir el crimen, la corrupción, la impunidad, promover los derechos humanos; no menos de $75 millones para prevención de violencia contra mujeres y niñas; y no menos de $100 millones para desarrollo liderado por comunidades locales.

La asignación mínima entre los tres países sumaría $240 millones para el año fiscal 2023. En el año fiscal 2022 el presupuesto contenía una asignación conjunta a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá de $860.6 millones.

Certificaciones.

El 60 % de los fondos a El Salvador, Guatemala y Honduras será desembolsado solo si el secretario de Estado certifica a los comités de asignaciones del Congreso que cumplen nueve condiciones, entre las que están el combate a la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho, proteger a los defensores de derechos, sociedad civil, partidos y periodistas; seguridad efectiva y proceso legal, programas contra la violencia de mujeres y niñas, y otras.

Las nueve condiciones de los fondos de EEUU

Al menos $240 millones están asignados a El Salvador, Guatemala y Honduras, pero el desembolso del 60 % está condicionado a estos requisitos.

1.- Persecución penal
Combate a la corrupción. Combate a la corrupción y la impunidad, incluyendo la investigación y la persecución de oficiales de gobierno, personal militar y policías presuntamente corruptos.

2.- Transparencia
Estado de Derecho. Reformas, políticas y programas para fortalecer el Estado de Derecho, transparencia estatal y en financiamiento político, independencia de las instituciones judiciales y electorales.

3.- Protección
Sociedad Civil. Protección de los derechos de los defensores de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, partidos políticos y la independencia de los medios de comunicación.

4.- Reducción de ejército
Seguridad y proceso legal. Proporcionar seguridad y aplicación de la ley efectiva y responsable para sus ciudadanos, reducir el papel del ejército en la seguridad pública y defender el debido proceso legal.

5.- Programas
Reducir violencia contra mujeres y niñas. Otra condición para desembolsar fondos es implementar efectivamente programas para reducir la violencia contra mujeres y niñas.

6.- Educación y jóvenes
Reducción de pobreza. Políticas para reducir la pobreza, promover el crecimiento económico equitativo, reformas para fortalecer los sistemas educativos, programas de capacitación y para jóvenes en riesgo.

7.- Combate a criminales
Seguridad fronteriza. Mejorar la seguridad fronteriza y combatir el contrabando y la trata de personas y contrarrestar bandas criminales, traficantes de drogas y organizaciones criminales transnacionales.

8.- Contra el tráfico de personas
Informar de peligros del viaje. Otra condición para recibir la ayuda es informar a sus ciudadanos de los peligros del viaje irregular hacia la frontera sur de los Estados Unidos.

9.- Reforma fiscal
Clima de inversión. Implementar políticas que mejoren el clima de inversión extranjera, incluyendo la ejecución de la reforma fiscal, mecanismos legales efectivos para el reembolso de impuestos a empresas, entre otros.