El gobierno de Estados Unidos mostró ayer su preocupación por la reforma al Código Penal que castiga con cárcel la transmisión de mensajes originados por pandillas y aseguró que facilita los intentos de censura a los medios de comunicación en El Salvador.
“El gobierno de Estados Unidos expresa su preocupación por los hechos de violencia en El Salvador y la aprobación e implementación de la reforma al Código Penal por la Asamblea Legislativa el 5 de abril, que criminaliza la cobertura periodística sobre ciertas actividades de pandillas”, señaló una declaración del secretario Antony Blinken.
El 5 de abril pasado, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista aprobó con dispensa de trámite (sin análisis) una reforma al Código Penal que establece penas de 10 a 15 años de prisión por transmitir mensajes que presuntamente sean de pandillas en redes sociales o medios de comunicación.
Los diputados también aprobaron una reforma a la “Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal” que prohíbe a los medios de comunicación transmitir mensajes originarios por las pandillas.
Para Estados Unidos, esta reforma “podría facilitar intentos de censurar a los medios de comunicación, evitar que se informe sobre corrupción y otros asuntos de interés público, y silenciar a críticos del gobierno salvadoreño”.
Estados Unidos se suma al rechazo expresado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la organización internacional Human Rights Watch (HRW), quienes señalaron la semana pasada que la reforma viola la libertad de prensa salvadoreña.
“Los periodistas deben tener libertad para llevar adelante su labor sin temor a violencia, amenazas o detención injusta”, insistió Estados Unidos.
Condenamos el aumento de la violencia (...) También instamos al Gobierno a defender el debido proceso y proteger las libertades civiles, incluidas las libertades de prensa”. Antony Blinken, secretario de EE.UU.
Reiteran apoyo a El Salvador.
Las reformas se aprobaron en el contexto del régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo tras una ola de violencia que en tres días cobró la vida de 87 salvadoreños.El gobierno estadounidense manifestó su “profunda consternación” por el aumento de homicidios perpetrados por las pandillas que representan “una amenaza para la seguridad nacional de El Salvador y de Estados Unidos”.
En el comunicado, se comprometió a seguir apoyando a El Salvador en sus esfuerzos para reducir “la proliferación” de las pandillas; sin embargo, instó a abordar esta amenaza al mismo tiempo que proteja las libertades civiles fundamentales, incluidas la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión.
Piden extradición de pandilleros.
De igual forma, el Departamento de Estado señaló que “ahora más que nunca” resulta “esencial que se extradite a los líderes de pandillas para que sean juzgados en Estados Unidos”.La justicia estadounidense acusó en 2021 a 14 miembros de la “ranfla nacional”, el organismo de mando de la MS-13, por delitos relacionados al terrorismo. EE. UU. los perfila como la “junta directiva” de la organización delictiva.
Oficialmente, se sabe que Estados Unidos ha realizado el pedido de extradición de Elmer Canales Rivera y de Armando Eliú Melgar Díaz (“El Blue”), perfilado también como miembro de alto rango de la MS-13 y acusado por conspiración y terrorismo en el país norteamericano.
