La demanda fue interpuesta el 29 de abril de 2024, dos años después de la captura de Bonilla y 20 meses después de su muerte en un centro penal.
Sin embargo, el Gobierno de El Salvador ha insistido en que no hay casos de torturas ni muertes violentas de detenidos. En agosto de 2022, un informe del Gobierno al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que no había investigaciones judiciales por detenciones arbitrarias o torturas en El Salvador.
"No ha conocido sobre la existencia o no de investigaciones judiciales o administrativas sobre detenciones arbitrarias, tortura, u otros tratos o penales crueles, inhumanas o degradantes contra personas acusadas de delitos penales bajo custodia", indicó en su informe, aunque menciona un expediente con los "casos denunciados sobre restricciones al derecho a la libertad e integridad personal".
¿Qué denuncian?
La organización sostuvo en su demanda que Bonilla, empleado y sindicalista de la alcaldía de Mejicanos, fue capturado el 26 de abril de 2022, luego de una llamada anónima que lo señalaba de asociaciones ilícitas, fue trasladado al centro penal de La Esperanza, en San Luis Mariona, Ayutuxtepeque.Un poco más de cuatro meses después, el 3 de septiembre de 2022, según lo denunciado por la organización, falleció José Leonidas Bonilla. Las autoridades, señala, habían sido alertadas sobre su padecimiento de hipertensión y su necesaria medicación constante.
La organización indicó que, si bien el informe médico del hospital indicó un fallecimiento por complicaciones de su enfermedad, la familia consiguió la autopsia y encontró que "no fue una muerte natural sino inducida por una o varias golpizas recibidas por los guardias en prisiones".
José Leonidas, sindicalista capturado el 26 de abril de 2022 y fallecido el 3 de septiembre de 2022. Su familia sostiene murió de golpizas.
Esta organización también interpuso otras denuncias ante las Naciones Unidas y sospecha que muchas de 302 muertes que han registrado se debieron a golpes.
Sin embargo, la Fiscalía ha sostenido lo contrario. En agosto de 2022, el fiscal general aseguró que investigaba 125 muertes de detenidos bajo el régimen de excepción, sin embargo, en junio de 2023, informó que archivo 142 casos de muertes de reos al no encontrar delito, ya que, afirmó, “comprobado científicamente con el auxilio de Medicina Legal” encontraron que las muertes se debieron a enfermedades no atendidas o “causas naturales”.