Con el plazo de un año, El Salvador deberá presentar un nuevo informe sobre los avances en tres recomendaciones a los que el Comité dará seguimiento: medidas para prevenir “detenciones arbitrarias”, medidas contra la tortura en centros penales y atención a víctimas del conflicto armado.
El Comité decidió dar seguimiento a estás tres recomendaciones de las más de 40 que realizó al Estado salvadoreño para que en noviembre de 2023 presente avances en las medidas tomadas y que de está forma se evidencien las estrategias que implementará, explicó la consejera para América Latina de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Olga Guzmán.
Detenciones.
El organismo internacional recomendó que en cuanto al régimen de excepción se deben adoptar “medidas eficaces” para prevenir las capturas sin orden de detención y velar porque se garantice que todas las personas tengan acceso a las salvaguardias fundamentales durante todo el proceso judicial.Organizaciones defensoras de Derechos Humanos han pedido al gobierno salvadoreño ratificar los Protocolos Facultativos contra la Tortura que permitirían la conformación de un sistema nacional contra la Tortura que tendría la capacidad de hacer visitas planificadas e inesperadas a centros penales para constatar las condiciones de los privados de libertad.
Otras recomendaciones del comité contra la tortura
El Comité sugirió que el Estado inplemente medidas para prevenir la tortura, detenciones arbitrarias y que se dé justicia a las víctimas de conflicto armado.1.- Funcionarios
Recomendó que se investigue la relación de funcionarios y agentes policiales en los más de 90 casos de muertes bajo custodia del Estado.
2.- Detenciones arbitrarias
Adoptar medidas eficaces para prevenir detenciones sin orden judicial y que se garanticen derechos a los detenidos.
3.- Derechos humanos
Recomendó que la legislación del régimen de excepción esté sujeta a la normativa internacional de derechos humanos.
4.- Archivos militares
El Comité pide que la Fuerza Armada abra los archivos e instalaciones militares y que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de justicia transicional.