Con la reforma, las agencias que manejan la información crediticia de los salvadoreños podrán transferir la información a empresas contratadas únicamente para guardar dicha información en la nube sin el consentimiento de los usuarios. Sin embargo, este uso de la nube no será obligatorio para las agencias.
El Banco Central de Reserva (BCR) ha dicho que la única facultad que tendrán las entidades, con esa información, es subirla a la nube. Tanto el BCR como de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) advirtieron que la contratación de la nube para el resguardo de información crediticia de los clientes del sistema financiero deberá garantizar la confidencialidad de los datos y mecanismos de ciberseguridad.
La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, les preguntó a los diputados de la Comisión si alguien tenía algún comentario u observación. Ningún diputado pidió la palabra. La diputada Elisa Rosales leyó el dictamen y lo aprobaron sin ningún cambio al proyecto de reforma.
“Luego de la lectura sometemos a votación nuestro dictamen favorable. Quienes estén a favor pueden votar. Se aprueba por mayoría de los presentes”, dijo González, en una reunión de 10 minutos.
La superintendente adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Daysi Mineros, había sugerido a los diputados que "debería ser transparente al usuario" al referirse a la contratación del uso de la nube para almacenar la información crediticia de estos usuarios del sistema financiero en El Salvador.
Antes, la diputada González, quien preside la Comisión, aseguró que en la sesión pasada estuvieron “conociendo a algunos representantes tanto del Banco Central de Reserva como de la Superintendencia del Sistema Financiero” para “poder tener un diálogo también, para poder profundizar en el estudio y en el análisis de dicha reforma”.
Sin referirse al contenido de la reforma, la diputada recordó otra reforma que en 2021 se hizo a la misma normativa. “Con el paso del tiempo tuvimos el tercer aniversario de esta reforma y creo que ha sido de utilidad a los salvadoreños”, dijo. La reforma de 2021 facultó a la SSF la fiscalización de agencias de información sin previo aviso, en lugar de las 72 horas de anticipación y que no fuera considerado un dato negativo la falta de pago de membresías a tarjetas de crédito sin saldo de capital o interés vencido.
La diputada Cesia Rivas, de Vamos, presente en la Comisión no votó por el dictamen. La diputada Claudia Ortiz, de ese partido, había sugerido considerar cuáles son las “garantías” para resguardar la información crediticia de los usuarios en la contratación de las empresas que guardarán dicha información.