La encuesta, que consultó a 1,225 salvadoreños y se realizó entre el 11 y 15 de enero. preguntó sobre la explotación minera en el país. De ellos, el 48.33 % dijo que El Salvador no tiene las condiciones para implementar la minería, contrario al 23.51 % que cree que el país sí tiene las condiciones.
El director de Ciencias y Tecnología de la UFG, Óscar Picardo, explicó en Telecorporación Salvadoreña que el estudio no repreguntó a los encuestados las razones de por qué consideran que el país no cuenta con las condiciones. "No exploramos si las condiciones se relacionan al estrés hídrico o a la alta densidad poblacional, pero la mayoría cree que el país no tiene las condiciones", afirmó.
Además, el 14.45 % de los entrevistados respondieron que el país "tiene pocas condiciones", mientras que el 1.71 % prefirió no responder la pregunta, de los encuestadores que visitaron a las familias salvadoreñas
La mayoría no apoya la minería
El estudio también consultó a los salvadoreños si apoyan "la idea del presidente Bukele de implementar la minería metálica", a lo que, el 48.73 % dijo que no la apoya y el 23.51 % dijo que sí la apoya.Asimismo, el 19.92 % respondió que "tiene dudas" sobre si apoya o no la idea del mandatario salvadoreño y solo 7.84 % no contestó la interrogante de la encuesta, que cuenta con el 95 % de nivel de confianza, según dijo Picardo.
En ese sentido, Picardo aseguró en la implementación de la minería "es de las pocas pocas en que no lo han apoyado en lo que va de su historia política" y señaló que solo han habido dos iniciativas sin apoyo: bitcoin y minería.
Además, la encuesta señala que el 44.2 % de los salvadoreños "sí cree" en la "idea de que Dios ha puesto un tesoro de oro bajo nuestros pies", mientras que el 32.6 % respondió que no apoya la idea. Apenas el 14.7 % dice que tiene dudas sobre esa afirmación y solo el 8.5 % no respondió la interrogante.
La ley general de minería metálica fue aprobada en diciembre por la Asamblea Legislativa, a iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele. Iglesias de distintas denominaciones religiosas, movimientos ambientalistas, organizaciones y políticos opositores han rechazado la explotación minera alegando graves consecuencias en los ríos del país, además del desplazamiento de familias.