El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo sentirse satisfecho con el trabajo que está desarrollando la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en el caso del fraude millonario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L., ya que habilitó la capa de $30,000 en la devolución de fondos a los afectados.

Como lo dije la vez anterior, la Superintendencia ha estado trabajando en ese tema, el gobierno ha estado trabajando en ese tema y nosotros nos sentimos, de alguna manera, satisfechos, que hasta los de $30,000 ellos pueden retirar sus ahorros y con esto están cubriendo, lo dijo la Superintendencia, el 80 % de los ahorrantes, lo cual es un porcentaje, ya bien alto”.
Ernesto Castro, presidente de Asamblea.


El legislador dice que, aunque lamenta lo sucedido en la cooperativa, fueron decisiones "personales" que tomaron los socios al depositar sus ahorros en COSAVI.

“Esperamos que venga la otra capa para cubrir ya ese 20 % que hace falta. Yo lamento mucho... Imaginate tener $1 millón y depositarlo ahí, yo sé que fueron decisiones personales y financieras porque seguramente les daban más intereses”, señaló Castro.

El presidente de la Asamblea confía en que muy pronto culminarán la entrega del 100 % del dinero a los afectados. “Lo que observamos con hechos y con resultados es que le están cumpliendo al 80 % de los ahorrantes... Vamos a continuar con ese 20 % que falta, ya es un porcentaje mínimo... Vamos a estar atentos y estamos confiados de que van a cumplir con el 100 %”, aseguró.

Sin embargo, los afectados del fraude aseguraron, el pasado 7 de enero, que, aunque la capa de devolución de fondos esté por los $30,000, los socios no están recibiendo sus fondos, ya que, si no se le ha vencido el plazo, no les devuelven los fondos. Se le expuso a Castro este punto y esto respondió:

“Yo entiendo, pero quiero que entiendan que nosotros no somos Superintendencia del Sistema Financiero, nosotros no regulamos de esta manera los entes privados. COSAVI era un ente privado en donde se tomaron contratos particulares”.
Ernesto Castro, presidente de Asamblea.


Arena acusa a SSF de mentir

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, cuestiona duramente el trabajo de la SSF y asegura que no es cierta la afirmación de la superintendente, Evelyn Gracias, quien aseveró que ya se ha atendido al 80.5 % de los ahorrantes.

“Ahorita van por la capa de los $30,000, la superintendente dijo que era el 80 % de los ahorrantes, cosa que es mentira. Hay personas que, un día antes que la Superintendencia tomara la decisión de cerrar COSAVI, habían puesto $1 millón y, ya estando intervenida, la Superintendencia lo sabía. Aquí ha sido una clara incompetencia de la Superintendencia que no ha hecho su labor”, cuestionó Villatoro.

La diputada reiteró que los afectados son personas que confiaron y depositaron el ahorro de “toda su vida de trabajo" y que ahora "no le están pidiendo un favor al gobierno" sino que "les devuelvan sus ahorros".

"A la gente no le están entregando intereses, a todas estas familias se le están vulnerando sus derechos, ojalá el presidente Bukele tome cartas en el asunto y ayude a todas estas personas”. Marcela Villatoro (Arena).


Por su parte, la diputada Claudia Ortiz cuestionó que los órganos del Estado no estén escuchando a los afectados de COSAVI luego de que no encontraran respuestas en los órganos Ejecutivo y Judicial; y dijo que “hay mucho que indagar”.

“Cuando la justicia no asegura los derechos fundamentales de la población..., la Asamblea tiene que escuchar, tiene que implementar mecanismos de control al Ejecutivo, para presionar que el Ejecutivo ejerza su autoridad frente a instituciones como estas financieras". Claudia Ortiz (Vamos).


La diputada ve positivo que los afectados COSAVI enviaran una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar que “incluya al caso COSAVI como indicador de cumplimiento en materia de Estado de Derecho, transparencia y combate a la corrupción". Los afectados pidieron que el caso sea resuelto por las autoridades del Estado salvadoreño como "prerrequisito para hacer los desembolsos que se llevarán a cabo en el acuerdo entre el FMI y el gobierno del presidente Nayib Bukele” por $1,400 millones.

El 9 de mayo de 2024, dos meses después de que la cooperativa fuera intervenida, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que investigaba a 32 personas, incluyendo a ocho directivos de Cosavi, entre ellos, al entonces gerente de la cooperativa, el fallecido Manuel Alberto Coto Barrientos, por defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, en un fraude que se presume asciende, según la FGR, a $35 millones. Luego de su intervención, según los afectados, Cosavi siguió captando fondos de los socios.