El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la reciente publicación en redes sociales de una noticia sobre la restricción de las concentraciones públicas que se aprobó en 2021 en el contexto de la pandemia del covid-19.

Castro explicó que el 20 de octubre de 2021 la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones especiales y transitorias “para restringir las concentraciones públicas en aras de salvaguardar la salud y la integridad de los salvadoreños”.

“Estas medidas tuvieron efecto hasta diciembre de ese mismo año, 2021, y eventualmente fueron derogadas. Es decir que YA NO ESTÁN VIGENTES desde hace AÑOS”, escribió el diputado de Nuevas Ideas en X, antes Twitter. Agregó que el sábado 19 de octubre “hubo una marcha de oposición que se realizó sin problema alguno. NINGUNO”, indicó.

“Derógase el decreto legislativo nº 188 de fecha 20 de octubre de 2021, publicado ene l Diario Oficial 212 tomo 433 de fecha 8 de noviembre del presente año, que contiene las Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados”, indica el decreto de derogatoria publicado nuevamente por Castro y aprobado el 17 de noviembre de 2021. La derogatoria inició su vigencia el 29 de noviembre de 2021.
Las disposiciones derogadas fueron el decreto número 90 suspendió por 90 días “toda concentración de personas en actos de carácter público o privado referidos a conciertos, mítines, eventos deportivos abiertos al público o festejos de fiestas patronales”.

La aprobación del decreto del régimen de excepción del 27 de marzo de 2022 suspendió el derecho de asociación pero este fue restablecido dentro del decreto de prórroga al régimen de excepción aprobado el 16 de agosto de 2022, ya lo excluyó este derecho de las suspensiones.

El sábado 19 de octubre, docentes, médicos y organizaciones marcharon contra la suspensión de los escalafones salariales en el proyecto de presupuesto general del Estado 2025. Luego de la marcha, las organizaciones sindicales han denunciado nueve despidos de trabajadores y líderes sindicales: cuatro del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), la secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), Idalia Zúniga; el secretario del Sindicato de Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco), Daniel Rodríguez; Rigoberto Escalante, del Sindidato del Hospital Rosales; Roberto Gómez Arias y Jaime Sánchez Nájera, secretario general y secretario de organización del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (Sitramha). En total, Zúniga ha contabilizado 58 despidos después de la marcha.

Mientras los sindicatos atribuyen los despidos o supresiones de plazas a la marcha, diputados de Nuevas Ideas han descartado que los despidos sean una represalia por sus protestas contra la suspensión de los escalafones salariales.