Según el estudio, realizado durante agosto, septiembre y octubre de 2023, estos 24 candidatos “pautaron” o programaron publicidad en redes sociales, radio, televisión, prensa escrita o vallas de exterior.
Los mayores gastos fueron de José Chicas, candidato a alcalde de Nuevas Ideas, que publicó un anuncio en televisión reproducido 101 veces por un valor estimado de $48,800. De acuerdo a la Constitución la propaganda para candidatos a alcaldes está permitida a partir de febrero de 2024, para candidatos a diputados a partir de enero y para candidatos a presidente a partir de noviembre.
¿Qué dice la Constitución?
Artículo 81: La propaganda electoral solo se permitirá aún sin previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha establecida por la ley para la elección de presidente y vicepresidente; dos meses antes cuando se trate de diputados, y un mes antes en el caso de los concejos municipales.
Además, la candidata Daniella Salazar, del partido Fuerza Solidaria, publicó tres anuncios en vallas del exterior en el área metropolitana de San Salvador por un valor de $5,600. Así mismo, el partido Nuestro Tiempo colocó dos anuncios en vallas del exterior en el área metropolitana de San Salvador por un valor de $3,800. El candidato a alcalde Javier Flores, de Fuerza Solidaria, concentró la mayor parte de 60 anuncios detectados en Facebook que tuvieron un alcance de hasta 45,000 impresiones y cuyo costo estimado sería menor a $100. Los 23 candidatos restantes publicaron 1 o 2 anuncios cada uno.
El gobierno utiliza recursos estatales para posicionar al partido oficial y a sus candidaturas, lo hemos visto en gobiernos anteriores, no es una nueva idea. El Tribunal tendría que actuar contra estos funcionarios”.
Eduardo Escobar,
director de Acción Ciudadana.
La investigación determinó que, durante los últimos tres meses, de agosto a octubre de 2023, los candidatos, partidos políticos y el gobierno han gastado $2,910,964 en propaganda. Solo el gobierno ha gastado al menos $2,845,964, que conforma el 98 % del gasto.
Ha habido una disminución considerable; en 2021 en los primeros dos meses de campaña ya llevaban $1.9 millones; en esta ocasión llevan $65,000 pero la propaganda del gobierno sigue siendo bastante alta”.
Denise Siliézar, coordinadora del centro de monitoreo de la AC.
El director de la AC, Eduardo Escobar, advirtió que las redes sociales son un espacio para propaganda que podría ser “desapercibida” por el Tribunal Supremo Electoral, la institución que debe vigilar el cumplimiento de los plazos de propaganda electoral.
Para hacer la investigación la AC obtuvo los datos de redes sociales de la Biblioteca de anuncios de Meta durante agosto y se basó en el monitoreo realizado por la empresa Monitoreo Tecnológico de Medios, S.A. (Monitec) durante septiembre y octubre en radio, televisión, prensa escrita y vallas; y se utiliza la tarifa plena de cada medio de comunicación.
De acuerdo a la AC la investigación no incluye el gasto para pago de "influencers" que realizan algunas carteras de Estado o centros de monitoreos de redes sociales que puedan tener algunos candidatos y partidos políticos.
