Una de las novedades planteadas por el estudio actuarial de pensiones, publicado en diciembre de 2025, es la sugerencia de “buscar” “fuentes de financiamiento adicionales para cumplir con los compromisos futuros del régimen de pensiones”, además de reformar nuevamente los sistemas previsionales.
Uno de los especialistas en el tema consultados por El Mundo plantea que el Estado debe buscar formas alternativas para financiar la deuda del antiguo sistema de pensiones, el Sistema Público de Pensiones (SSP), el cual a pesar de tener más de 80,000 jubilados y pensionados, no tiene ingresos porque prácticamente no tiene cotizantes.
El estudio actuarial 2025 explica así cómo se están financiando las pensiones de los jubilados del sistema antiguo: “Desde 2023, las pensiones del Sistema Público de Pensiones (SSP) se han financiado a través de la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COPs) que las AFPs están obligadas a adquirir”.
Esto quiere decir que el SPP tiene aproximadamente 88,000 jubilados y pensionados, a quienes el Estado debe pagarles pensiones, a través de Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que está facultado para emitir deuda para hacerlo. Esta deuda es adquirida por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) con los fondos de los trabajadores cotizantes de las AFP.
Según el estudio actuarial, hasta diciembre de 2024, de un total de $15,836.8 millones de ahorros de todos los cotizantes de las AFP están invertidos, un 73.02 % ($11,563 millones) están invertidos o prestados en el Estado. Estos fondos son utilizados por el Estado para pagar pensiones del SSP, algo que advierte el estudio actuarial.
En el sistema público, que existía antes de 1998, las pensiones dependían solo de los años trabajados y el salario promedio; el sistema privado, instaurado a partir de 1998, dejó las pensiones dependiendo de los ahorros que tiene cada trabajador en su Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP).
Otro de los financiamientos de los que habla el estudio actuarial es la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), ya que detalla las fuentes de financiamiento de la misma.
La CGS es la cuenta colectiva de donde los afiliados a las AFP tienen derecho a una pensión mínima vitalicia. Esta inicialmente recibió fondos del Estado pero el aporte estatal fue derogado en la reforma de 2022, por lo que solo recibe las contribuciones patronales.
Uno de los cambios que sugiere un especialista consultado por El Mundo es “redistribuir las cargas que hoy tiene la CGS”.
El estudio actuarial proyecta que la CGS se agotará en 2029; “ya en 2029 el Estado debería hacerse cargo del pago de las obligaciones que se cubren con dicho fondo”, sugiere.
La CGS se financia solo del 6 % del salario de trabajador y el aporte estatal fue derogado en la reforma de 2022.
