Vidas fue recibida por la Comisión de Justicia, que consulta qué debe incluir la ley de justicia transicional para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional, en 2016, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz aprobada en 1993.
El representante, Benjamín Cuéllar, expresó que “no se deben incluir disposiciones abiertas o veladas de amnistía o prescripción, ni excluyentes de responsabilidad, que impidan investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra ni delitos contra la humanidad”.
No es empezar de nuevo, hay cosas que están hechas y que deberíamos de aprovechar. Se trata de preguntarles qué reclaman, qué necesitan”. Benjamín Cuéllar, Movimiento Vidas
La legislatura anterior aprobó la ahora vetada “Ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional”, el 26 de febrero de 2020, que permitía la conmutación de y la reducción de las penas a la cuarta parte, y el cierre de los casos después de 12 meses si no se encuentran pruebas.
Además, pidió: crear un grupo de trabajo por la verdad que impulse una consulta de víctimas de ambos bandos, sin la participación de victimarios, cómplices o encubridores; elaborar una ley para dignificar a las víctimas; elaborar y entregar al Ejecutivo propuestas de políticas públicas de reparación y no repetición; crear una jurisdicción especial para conocer los delitos de guerra, un banco de ADN de víctimas, la garantía de una digna reparación integral a las víctimas y el presupuesto necesario.
Archivos militares.
La organización recordó a los diputados que la sentencia de 2016 ordenó a la Asamblea Legislativa regular los medios para garantizar el acceso a información pública sobre los crímenes atribuidos a ambas partes. Así, recomendó que se dé insumos a la Fiscalía para investigar y se tomen en cuenta las propuestas de ley de la Mesa contra la Impunidad y de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos.No hablamos tanto de perdón y olvido, sino de verdad y justicia. Esta comisión sí tiene valentía, vamos a trabajar una ley muy responsablemente para dar reparación”. Rebeca Santos, diputada de Nuevas Ideas
Relató que, en la tercera audiencia de verificación de cumplimiento de la sentencia, el 30 de octubre de 2020, participaron “personeros del actual Gobierno” y “el procurador de los derechos humanos y el representante fiscal cuestionaron al Órgano Ejecutivo por la falta de cooperación con la justicia al negar la posibilidad de inspeccionar los archivos militares en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños”.
Una comisión.
El diputado Jorge Castro, de la fracción de Nuevas Ideas, pidió que como organizaciones no tengan vinculación política.“Es importante lo que ustedes pueden aportar, nosotros buscamos esta vez hacer una ley de justicia transicional que realmente cumpla. Tenemos toda la intención de hacerlo bien, este momento es histórico, es una deuda a la cual se le está acabando la mecha”, acotó Castro.