Esta exoneración, según el decreto, se daría solo cuando la empresa pretenda brindar servicio de acceso a internet a la población en general o en zonas rurales, y no para acceso privado del operador o servicio empresarial.
La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) deberá recibir un reporte anual de la cantidad mensual de usuarios de internet entregado por el concesionario. El plazo de las concesiones será 10 años máximo.
La normativa aprobada, “Ley especial de exoneración de pago del precio base y tasa anual generada por la concesión para la explotación de frecuencias del espectro radioléctrico para comunicaciones satelitales”, fue aprobada por 65 votos. El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, dijo que “hay empresas grandes que no quieren hacer inversión en internet satelital en la zona rural”.
Red por el Derecho a la Comunicación (RedCo) sugirió establecer en la normativa “posibles beneficiarios” de dicho reparto gratuito de un bien público limitado y escaso, como el espacio radioeléctrico.
Objetó la exoneración en plena crisis financiera, la falta de políticas para asegurar el acceso a internet y tecnologías, y la desigualdad económica del uso del espectro radioeléctrico que generará el decreto, entre los nuevos proveedores, y actuales proveedores de internet y empresas de radiodifusión sonora y televisiva.