La petición ingresó en el pleno legislativo de este martes y será estudiada en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, que está convocada para lunes 24 de marzo a las 11:00 de la mañana.
La reforma se haría a la "Ley especial transitoria para la legalización del dominio de inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación".
Primero, se declararía expresamente de utilidad pública e interés social los inmuebles que son ocupados por centros educativos oficiales o sus anexos, y permitiría procedimientos de legalización si los inmuebles están hipotecados o en proceso administrativo de legalización de tierras, dos factores que según la ley actual son improcedentes, junto a casos de litigio y en donde los propietarios son menores de edad.
La reforma propone introducir un nuevo artículo 25-A que permitirá transferir al Ministerio de Educación y al gobierno de El Salvador todos los inmuebles inscritos a favor de patronatos, asociaciones de padres de familia, fundaciones y asociaciones desaparecidas jurídicamente.
También busca que pasen al Ministerio de Educación los inmuebles de otras instituciones del Estado o autónomas activas o inactivas que estén en posesión de dicho Ministerio, para lo cual deberá identificarlos y solicitarlo al Centro Nacional de Registros (CNR).
La reforma, además, establece un proceso detallado para legalizar los inmuebles en donde se encuentren escuelas si Educación ha ejercido posesión del mismo por lo menos durante siete años.
El gobierno enfrentó durante el año 2024 una escasa inversión pública en la remodelación y construcción de escuelas. Según un informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda el Ministerio de Educación ejecutó 38.8 % de los proyectos de inversión "Mi nueva escuela", es decir, $96.6 millones de $249.1 millones que habían sido programados para ese fin.
El 4 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto para agilizar las remodelaciones y construcciones de centros escolares, permitiendo las contrataciones con solo "la comunicación y aceptación de los contratistas" y que estos "hayan demostrado capacidad, compromiso, celeridad". Educación puede modificar contratos por circunstancias imprevistas, fuerza mayor o interés público.
El programa "Mi nueva escuela" tuvo una ejecución presupuestaria limitada durante 2024. / Ministerio de Educación.