El proyecto fue presentado ayer por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien aseguró que pretenden convertirán 3,200 solicitudes de imposición de medidas “en un poco más de 300 casos” con capturados procesados “por estructura”.
El proyecto se titula “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción decretado a partir del 27 de marzo de 2022” que tiene cinco artículos.
Según el artículo 3, la FGR podrá acusar a los imputados “en una sola causa en virtud de su pertenencia a la organización” con criterios de “estructura, denominación, funcionamiento, territorio u otros que resulten aplicables a criterio fiscal” según los indicios.
Emplazará defensa.
El juez, de acuerdo al decreto, “emplazará” en “cinco días hábiles” a la defensa de los imputados “para que se pronuncien” sobre “elementos y diligencias” necesarias.Las disposiciones transitorias tendrían una vigencia de dos años, luego de los cuales se aplicaría el artículo 17 de la Ley contra el crimen organizado, que señala que la FGR debe remitir a los detendos en 72 horas, se define la audiencia de imposición de medidas en 72 horas, se presenta un dictamen de acusación en no más de seis meses prorrogables.
El gobierno explica que es necesario dotar a la FGR de “herramientas” para “ordenar los procesos” judiciales para la “efectividad”, ya que han tenido “resultados de capturas sin precedentes”.