Organizaciones sindicales sostienen que el régimen de excepción abre la puerta a violaciones de derechos humanos como capturas arbitrarias a líderes comunales, sociales y sindicales en todo el país.

El representante de la Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS), Miguel Escobar, denunció la captura de dos miembros de la FUSS durante los primeros días del régimen y señaló que han interpuesto denuncias en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Mencionó la detención de Roselia Rivas, presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco) de la comunidad Terciopelo de Jiquilisco, Usulután.

“Consideramos que el que la debe que la pague, nos agarraron a una compañera que, gracias a la presión social, (a los) 14 días salió”, dijo.

“¿Por qué la perseguían a ella? Porque era una dirigente comunitaria”, indicó.

La PDDH ha recibido 67 denuncias de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador que inició el 27 de marzo.