El consultor Frederick Benítez, expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), respondió que solo los 10 mandamientos constituyen una ley perfecta cuando se le consultó sobre el cobro de los cánones a las juntas de agua en la Ley General de Recursos Hídricos.

“Lo de la fórmula, acordémonos que las leyes se hacen y solo tenemos una ley que es perfecta, los 10 mandamientos, pero se puede ir viendo en el camino, que se puede ir mejorando, modificando”, expresó el exfuncionario.

Luego, exhortó a tomar en cuenta las quejas por el cobro a las juntas de agua: “Esperamos que todas estas observaciones que se han hecho tengan algún tipo de eco en las personas que están desarrollando el reglamento”.

Benítez manifestó que en el reglamento y junta directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) hay posibilidad de darle poder decisión a los organismos zonales de cuenca.

“Todas estas observaciones que se han hecho, por ejemplo de las cuencas, están siendo tomadas en cuenta en la formulación del reglamento y también en la estructura de la ASA, ahí es donde se tiene que estructurar bien para que la ley funcione en beneficio en todos los sectores”, afirmó.

Los organismos zonales de cuenca eran propuestos por las organizaciones como entidades de decisión en el otorgamiento de autorizaciones del uso del agua.

Sin embargo, la ley los dejó como “entes técnicos administrativos de la ASA” que “representan” a la ASA y que “serán dirigidos por un gerente nombrado por el director ejecutivo de la ASA”. Benítez aseguró que las juntas de agua tienen una oportunidad y “tienen que acercarse a esa ASA”.

“Cuando nazca la ASA es el momento oportuno para todas las juntas de agua que nunca han tenido apoyo”, afirmó.

Los desafíos

El exfuncionario participó como consultor en un foro sobre los desafíos del acceso al agua y saneamiento organizado por la empresa privada Azure, que gestiona créditos para organizaciones comunitarias a través del Fideicomiso del Agua (Fideagua).

Benítez, quien ya no ocupa el cargo de comisionado del agua, recordó que la ANDA cubre solo cascos urbanos de 169 municipios, y que el servicio en las periferias y áreas rurales es administrado por juntas de agua, Adescos o municipalidades “que las intervienen”. Detalló que hay operadores municipales en 90 municipios. “Las juntas de agua no tienen un apoyo estatal desde 1996”, dijo Benítez, quien señaló que antes “el pensamiento era neoliberal” y hoy es “totalmente lo contrario”.

Por ello, sugirió que la ASA tenga una dirección para las juntas de agua y otra dirección para los operadores privados de agua.Ariela González, representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), aseguró que entre los desafíos en la aplicación de la Ley de Recursos Hídricos está la aplicación de la participación ciudadana y concretamente de las juntas de agua, si tendrá los mismos beneficios el sector de la caña de azúcar o si las organizaciones comunitarias estarán equiparadas al mismo nivel que la empresa privada.

Créditos al 10 %

Óscar Rodríguez, director de Azure, explicó que la empresa que dirige nació en 2016 pero que a partir de 2018 crearon el Fideicomiso del Agua (Fideagua) que otorga créditos a una tasa de interés del 10 % y 12 % anual a través del Banco de Desarrollo de El Salvador. Fideagua tiene una cartera de préstamos de $6 millones para proyectos de 150 comunidades con subsidio de asistencia técnica. “La mayoría son juntas de agua”, dijo.

La Asociación Mancomunada Administradora del Sistema de Agua Potable Salud y Saneamiento (Acafurdin), en el cantón Sabana San Juan Arriba, municipio de Nahuizalco, Sonsonate, adquirió un préstamo del Fideagua para aumentar la capacidad de extracción de agua y proveer el servicio a más habitantes.

María Santos Cruz, presidenta de Acafurdin, explicó solo tenían $54,000 para el proyecto que les costó un total de $85,485.27.

Más participación

El presidente de Azure también espera que el desarrollo de reglamentos genere más participación de las juntas de agua. “Posteriormente vendrá la ley específica, esperamos que las comunidades puedan tener participación”, dijo. ¿En la toma de decisiones?, se le preguntó. “De alguna manera, creo que la misma ley establece algún mecanismo”, respondió.