Así lo dicta el decreto ejecutivo 31 emitido por el presidente Nayib Bukele el 17 de diciembre de 2024 y vigente desde el 1 de enero de 2025.
En el acuerdo para disolver el ILP, el presidente Bukele consideró que deben "dar un paso a la modernización" y habla de una "visión que permita concentrar las diferentes dependencias existentes para asegurar una administración más coordinada, consistente y eficiente".
Según el artículo 4 del decreto, el ILP indemnizará al personal no indispensable. La institución posee aproximadamente 80 empleados, que serán evaluados por el Ministerio de Vivienda para considerar su "continuidad de las competencias" o "para las necesidades organizacionales y administrativas del Ministerio de Vivienda".
El patrimonio y los activos también serán transferidos al Ministerio de Vivienda.
Dan nuevas atribuciones de Vivienda
Al Ministerio de Vivienda le fueron agregadas tres atribuciones relacionadas a la actividad del ILP: brindar seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra a familias de escasos recursos y dar asistencia técnica a instituciones para la legalización de inmuebles, facilitar la legalización de inmuebles en tugurios y zonas marginales en lotificaciones no autorizadas que requieren regularización, y ejecutar procesos de legalización de derechos de propiedad.Estas nuevas atribuciones fueron aprobadas por el Consejo de Ministros a través de una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el 17 de de diciembre de 2024, mismo día en que se decretó la disolución del ILP.
El ILP fue creado en 1991 como una institución descentralizada adscrita a la Presidencia de la República para dar asistencia técnica en el registro de inmuebles para familias de escasos recursos económicos y a cargo de un director nombrado por el presidente de la república. Ese año, se creó el programa “El Salvador país de propietarios” para beneficiar a poseedores de lotes en tugurios y zonas marginales.
Fue a partir de 1994 que se aprobó una reforma para que el ILP fuera dirigido por un Consejo Directivo integrado por cinco miembros, de Vivienda, Obras Públicas, Planificación, Justicia y la entonces Secretaría Nacional de la Familia.
A partir de una reforma en 2012, al ILP también se le facultó para ejecutar y dirigir los procesos de regularización de los derechos de propiedad, así como calificar de interés social los proyectos destinados a personas de escasos recursos económicos.
Una reforma posterior pasó el ILP de Presidencia al Ministerio de Vivienda.
El ILP tuvo un presupuesto de $1,545,941 durante el año 2024, de los cuales $1.2 millones se destinaron para remuneraciones, $225,941 para bienes y servicios, $23,930 para gastos financieros y $7,130 para activos fijos. Del total, $934,755 provienen del gobierno y $611,186 de convenios.
La institución realiza mediciones de inmuebles, elaboración de planos, inscripción de documentos, escrituraciones, mantenimientos catastrales, actos previos a la escrituración, aprobación técnica de planos, análisis jurídicos, entre otros. Durante 2023, el ILP realizó 1,214 escrituraciones individuales según su memoria de labores.
Actualmente, su Consejo Directivo está presidido por la ministra de Vivienda, Michele Sol de Castro.