Por acuerdo ejecutivo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, nombró al exdirector de Transporte Terrestre, Francisco Raúl Arturo López Velado, como nuevo superintendente adjunto de Pensiones.

El nombramiento se realizó el pasado 12 de septiembre de 2023, según el acuerdo número 492 publicado en el Diario Oficial del 14 de septiembre, cuya versión de consulta pública fue divulgado esta semana.

En 2018 López Velado fue jefe de la Unidad Secundaria Financiera del Programa de Becas Fantel del Ministerio de Educación, en 2020 se desempeñó como asesor técnico de Ingeniería de Transporte de la Dirección General de Transporte Terrestre del Viceministerio de Transporte (VMT) y más recientemente en 2021 fue director general de Transporte Terrestre del VMT. También, ha sido director suplente del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva (BCR).

Es licenciado en economía graduado e ingeniero industrial de de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) con maestrías en finanzas y administración de la misma universidad.

El nombramiento se dio luego de que el Consejo de Ministros recibiera una terna en una sesión celebrada el 6 de septiembre de 2023, luego de la renuncia al cargo por parte de Sigfredo Gómez, renuncia aceptada el 11 de septiembre por Bukele de acuerdo a la versión oficial. Antes de esta renuncia se dieron otras tres renuncias: Nelson Ramírez renunció el 11 de febrero de 2021, Karina Burgos de Olivares renunció el 6 de abril de 2021 y Nelson Ramírez volvió a renunciar el 16 de octubre de 2021.

La reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2022 quitó el límite para usar los ahorros para pensiones en inversiones o préstamos en el Estado, a través del nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

El nuevo ISP creado en la reforma de 2022 quedó autorizado a emitir nueva deuda en la cual se invertirán más ahorros de los cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), en el Estado.

Actualmente, el nuevo ISP ya emitió nueva deuda estatal con los fondos de pensiones; por esta y la antigua deuda de pensiones el Estado no pagará capital ni intereses durante cuatro años gracias a una negociación con las AFP.