Según el proyecto, entregado a las 6:15 p.m. del viernes 20 de diciembre, el Estado será el “único autorizado para explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, productor de la minería metálica”, pero podrá hacerlo a través “de instituciones específicamente creadas o destinadas a dicha actividad” o de “sociedades” en las que tenga participación accionaria.
La nueva normativa prohíbe actividades de “reconocimiento superficial y prospección con fines mineros” por terceros en las “áreas donde ya existan actividades mineras, áreas de interés estatal” protegidas o terrenos cercados o cultivados.
La normativa propuesta exime la explotación minera de una concesión, ya que se establece que el Estado y las sociedades en las que posea el Estado tenga capital accionario no requerirán del otorgamiento de concesión ante la Asamblea Legislativa.
Únicamente los privados que participen en el ciclo minero metálico requerirán autorizaciones o permisos.
Prohibirán mercurio
La nueva normativa prohibirá el uso de mercurio en las actividades mineras y faculta a la Dirección de la Minería a declarar "zonas no compatibles" con actividades del ciclo minero metálico.No presentar manual, incumplir obligaciones no presentar informes implicaría multas entre 10 y 100 salarios mínimos; y obstaculizar inspecciones dar datos falsos en informes, violar normas del manual aprobado por la Dirección, implicaría multas entre 101 y 1,000, salarios mínimos.
El explotador minero, según el proyecto, deberá presentar un “Manual de seguridad minera”, permitir la inspección, explotar “racional y sustentablemente el yacimiento”.
La normativa se estudiará este sábado por la mañana en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, que podría dictaminar para aprobarla el lunes 23 de diciembre. La nueva normativa iniciaría su vigencia 15 días después de su publicación en el Diario Oficial.
El 27 de noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele anunció que está interesado en levantar la prohibición de la minería en El Salvador pese al rechazo de la Iglesia Católica que junto a organizaciones sociales lograron la prohibición en 2017.