Son cuatro cuerpos de ley que se reformarían: la ley contra el crimen organizado, el Código Procesal Penal, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.
Los proyectos pasaron a estudio de las comisiones de Seguridad Pública y Combate al Narcotráfico, y de Legislación y Puntos Constitucionales.
Un momento histórico, esta oportunidad definitivamente no la vamos a dejar pasar, llevamos más de 190 días sin homicidios”. Ernesto Castro, presidente de Asamblea Legislativa
Rebeldes y defensores.
El Gobierno sostiene que no hay una prohibición absoluta del juicio en ausencia del acusado siempre que hayan razones justificadas.Así, el Ministerio propuso reformar el Código Procesal Penal para que puedan llevarse a cabo juicios sin presencia de los imputados. El proyecto amplía el concepto de rebeldía a la “conducta evasiva de comparecer personalmente después de haber sido notificado del proceso o de alguna diligencia” y facilita la declaración de rebeldía, al considerar “efectuadas” las notificaciones cuando haya intervenciones posteriores del defensor del imputado.
El Gobierno también propone que “el abogado defensor no podrá renunciar a la defensa del imputado rebelde”, salvo motivos de fuerza mayor.
Es decir que de todo el año, la época más segura, donde más tranquilidad ha tenido la población ha sido durante el régimen de excepción”. Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa Nacional
Regularían el criterio de oportunidad.
El Gobierno propuso regular el procedimiento abreviado en la Ley Especial contra el Crimen Organizado a los imputados que rindan una confesión judicial o extrajudicial, detallando tiempo, lugar y modo de comisión de delitos, señalando a copartícipes y cómplices, y sin necesidad del consentimiento de la víctima.Para el acuerdo de penas entre el fiscal, imputado y defensor, en estos casos, la propuesta plantea un distinto al regulado en el Código Procesal Penal: podría ser “hasta una cuarta parte del mínimo en cualquier etapa del proceso únicamente si media autorización expresa del fiscal general”.
La propuesta indica que el fiscal “podrá prescindir parcialmente de la persecución penal” de uno o varios hechos imputados en delitos de crimen organizado. Señala que en los delitos de crimen organizado “podrá concederse criterio de oportunidad a quienes dirijan o sean parte de las organizaciones criminales previa verificación de la información proporcionada” y que dicha información sea útil “para probar la participación de la cúpula y demás miembros”. Para aplicar este criterio de oportunidad, “la pena solicitada no podrá ser menor a diez años de prisión” indica la propuesta.
Las reformas propuestas por el Gobierno este miércoles también plantean reducir el plazo para que los jueces autoricen la intervención en las telecomunicaciones y establecer más exigencias para los operadores de telefonía.
Las cuatro reformas solicitadas por el Gabinete de Seguridad a la Asamblea
El ministro de Seguridad ha asegurado que las reformas solicitadas este miércoles buscan garantizar que los pandilleros capturados en el régimen de excepción no regresen a las comunidades.1.- Juicios de reos ausentes o rebeldes
Reforma al Código Procesal Penal para reactivar juicios con reos ausentes La propuesta indica que los procesos archivados por haberse declarado rebeldía de los imputados deberán continuar y que el juez deberá notificar al defensor o nombrar un defensor público para continuar el proceso hasta una sentencia definitiva firme.
2.- Criterio de oportunidad
Propone normas de criterio de oportunidad y juicios abreviados en la Ley Especial contra el Crimen Organizado. El fiscal solicitará al juez la aplicación del criterio de oportunidad si el imputado colabora con la investigación judicial o extrajudicialmente. El régimen de las penas sugerido es distinto al regulado en el Código Procesal Penal.
3.- Agilización de intervenciones
El Gobierno pide una reforma a la Ley de Intervención a las Telecomunicaciones para que el juez autorice la intervención de telecomunicaciones en un plazo que no excederá de 4 horas. Actualmente es 24 horas. También daría exclusividad al Fiscal General para importar equipos de intervención. La ley será de orden público.
4.- Obligación para los operadores
Una reforma a la Ley de Telecomunicaciones obligaría a los operadores a llevar registro de todos los usuarios, incluyendo los de prepago, contar los mecanismos para registrar y bloquear las terminales móviles con reporte de hurto o robo, dar soluciones para almacenar imágenes de documentos y fotografías del usuario.