El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó a la Asamblea Legislativa cinco solicitudes de reforma presupuestaria, cuatro fueron entregadas el lunes 19 de junio a las 2:30 p.m., sin periodistas presentes; y una el día siguiente a las 2:23 p.m.
Hasta mayo de 2023, el presupuesto aprobado por $8,898.2 millones para este año ha aumentado en $208 millones según el Portal de Transparencia Fiscal.
La Asamblea Legislativa ha aprobado reformas presupuestarias que suman $368 millones desde enero de 2023, algunas de las cuales fueron realizadas a presupuestos de empresas públicas como la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para el Aeropuerto El Pacífico y el presupuesto electoral por $92.8 millones para el presente año.
Turismo, derechos de vía y Fiscalía.
Primero, el gobierno pide mover de Hacienda $37,517,799 para seis instituciones: Ministerio de Obras Públicas, Fiscalía, Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, Ministerio de Turismo, Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu), Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur). La mayor parte, según la solicitud, se destinan al inicio de obras y torneos de surf. Así, un total de $18,181,125 servirían para el diseño del Aeropuerto El Pacífico, de obras hidráulicas, terrazas, valúos de terrenos, honorarios legales y pagos de “derechos de vía” para adquirir terrenos donde se construirá el viaducto de Los Chorros; y $1.8 millones para víctimas de accidentes.De esos mismos $37.5 millones, el gobierno pide mover $11.6 millones de Hacienda, de los cuales $900,000 para “la organización de torneos de surf”, $5,987,534 para derechos de realización de los torneos de surf y “otros gastos operativos” y $4,728,790 para centros recreativos del Istu, de los cuales $3.6 millones serán para mejorar el centro recreativo Club Costa del Sol, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz, y $450,000 de otros centros.
La primera reforma incluye $7.7 millones para actividades realizadas por la Fiscalía en las elecciones 2024, honorarios de una firma legal y $1.1 millones para la intervención de telecomunicaciones.
Una segunda petición gubernamental pide $25 millones para alimentación de privados de libertad de fondos de Hacienda. “El gasto se ha incrementado como efecto de la aplicación del régimen de excepción”, dice el ministro.
DEM
Internet para salud y salarios a bomberos.
Se destinan $10,651,270 a salarios del personal del Cuerpo de Bomberos.Así mismo se destinan $12.4 millones para que el Ministerio de Salud pague “necesidades urgentes e imprevistas”, $8 millones en servicio de internet e intranet, telefonía fija y móvil, $1 millón para oficinas regionales, $1.4 millones para medicamentos de salud sexual y reproductiva, $2 millones de bienes y servicios de hospitales. Los fondos también provienen de fondos “disponibles” de Hacienda.
Además, $4,038,105 de Agricultura y Ganadería serían destinados al funcionamiento del Instituto Salvadoreño del Café.
Los principales montos que solicita inyectar y su fuente de financiamiento
El Ministerio de Hacienda asegura que tiene asignaciones monetarias disponibles para diferentes necesidades de ocho instituciones públicas diferentes.1.- De Hacienda
Alimentación de reos. Hacienda pide destinar $25 millones de disponibles de Hacienda al servicio de alimentación de privados de libertad por incremento del costo debido al régimen.
2.- De Hacienda
Torneos de surf. Se destinarían $900,000 a gastos de organización de torneos de surf y $5,987,534 para promover el turismo y pagar derechos de torneos de surf y “gastos operativos”.
3.- De Hacienda
Derechos de vía Los Chorros. Se destinan $5 millones para el proyecto de viaducto y ampliación de carretera CA01W tramo Los Chorros. Mencionan adquirirán derechos de vía.
4.- De Hacienda
Salarios de bomberos. Se destinan $10,651,270 para bomberos; $8,951,270 irán a remuneraciones. Son 1,119 plazas, 832 de seguridad pública, 123 de servicio, 87 administrativos.
5.- De Hacienda
Fiscalía. A la Fiscalía se destinan $5 millones para bienes y servicios para actividades electorales; también $1,107,608 para intervenciones telefónicas y $600,000 para una firma legal.