La funcionaria aseveró que la normativa pretende proteger la "innovación y la creatividad", además de "facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y artes".
La ley derogaría la Ley de Marcas, la Ley de Propiedad Intelectual vigente desde 1993 y el reglamento. En su carta dirigida a los diputados, no detalló cuáles serían los nuevos elementos respecto a las leyes y el reglamento que serían derogados.
La ley crearía un Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual, cuyo director será abogado y notario con al menos cinco años de experiencia en materia de propiedad intelectual, quien será nombrado por el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR). Actualmente esas competencias las tiene el Registro de la Propiedad Intelectual.
Las obras sujetas a protección del derecho de autor serán: literarias y artísticas, videojuegos, musicales con o sin letra, oratorias, discursos, lecciones, obras coreográficas, cinematográficas, obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, mapas. También serán objeto de protección las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de obras, programas de ordenador, obras de arquitectura, obras plásticas, entre otras.
El Instituto deberá tramitar las solicitudes de títulos de propiedad intelectual, supervisar uso de obras, interpretaciones y producciones protegidas, mediar conflictos entre titulares de derechos, entre otras.
Tasas y exenciones
Las tasas oscilan entre $20 de una solicitud de nombre comercial, emblema, expresión, indicación geográfica o denominación de origen, hasta $500 de una solicitud de nulidad del registro por razones intrínsecas o una cancelación por generalización de marca.La ley eximiría de las tasas a las instituciones de todos los niveles de educación formal reguladas por la Ley General de Educación en presentación de solicitud, publicación, derechos de registro de signos distintivos, patentes y derecho de autor.
Los miembros de las instituciones de educación superior, así como personas inscritas en el Registro Nacional de los Trabajadores de la Cultura y el Arte, y las micro y pequeñas empresas gozarían de una exención del 50 %.
De la misma manera, el Estado y las municipalidades gozarían de una exención total de las tasas.