De las 25 solicitudes, diferentes instituciones estatales respondieron de la siguiente manera: dos reservaron la información, una alegó secreto comercial, nueve consideraron que la información solicitada no existía, otras nueve se declararon incompetentes de entregar dicha información, dos declararon inexistente y confidencial informaciones, una la declaró confidencial, y una entregó información parcialmente.
En una solicitud realizada en 2023 a la Presidencia de la República, esta sí entregó información sobre los nombramientos de los titulares de la Comisión Nacional de Archivos Digitales y de la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin, según el informe.
Así, informó que se nombró a Patrick McGlynn como director propietario ante el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Activos Digitales y que se designó a Astrid Giannina Bardi de Álvarez como administradora de la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin.
No entregada.
El ciudadano que pedía información sobre los nombramientos de los funcionarios también solicitó información sobre la forma de selección de personal en el Consejo Nacional de Activos y en la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin, y si el reglamento de la Ley de Activos Digitales ya se encontraba “en funcionamiento”. Esa información no fue entregada, según Cristosal, que estudió otras 24 solicitudes de información de diferentes ciudadanos en materia de bitcoin.De las 25 solicitudes sobre compras, manejo, resguardo del bitcoin, solo se entregó información sobre una. Esta opacidad es relevante”.
Ruth Eleonora López
Abogada de Cristosal
Las reservas.
Entre la información solicitada declarada reservada por las distintas instituciones están: una reserva de Bandesal al nombre de la institución que compra bitcoins con fondos del Fideicomiso, el nombre de la billetera para dicha compra, el nombre de la institución que posee las claves de seguridad, la cantidad desembolsada para el bono de $30 a los usuarios de Chivo Wallet, las actas de sesión del Consejo de Administración del Fideicomiso Bitcoin, entre otras.Cristosal criticó la opacidad que muestran estas resoluciones de las distintas instituciones.
Además, la SSF declaró confidencial 19 informaciones solicitadas en una sola petición porque estas eran informaciones que podrían ser objeto de supervisión.
Entre las informaciones declaradas inexistentes estaban denuncias en la Defensoría del Consumidor contra Chivo, S.A., el expediente en Bandesal y en el Banco Central de Reserva (BCR) de la compra de bitcoins, medios utilizados por el gobierno para la compra de bitcoin, cantidades de solicitudes de proveedores de bitcoin en el BCR y remesas recibidas en bitcoin.